La migración de los jornaleros agrícolas a Baja California Sur inició en los años 70 durante el auge del algodón, y aunque algunas familias tuvieron la posibilidad de salir de la miseria de sus comunidades, para otros son cuatro décadas marcadas por la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades más allá del duro trabajo en el campo.
Los jornaleros también padecieron el confinamiento al que fueron sometidos en los campamentos de los campos agrícolas, con condiciones infrahumanas, de miseria e insalubridad, habitando cuartos de láminas de zinc con temperaturas de hasta 50 grados centígrados en verano, sin prestaciones sociales de ningún tipo, constantes violaciones de niñas y niños, drogadicción, exceso de alcohol y frecuentes hechos de violencia.
Luego de la desaparición de este cultivo, a medidos de los años 80, miles de familias regresaron a sus lugares de origen; otros siguieron su ruta hacia Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas de California y los menos echaron raíces en la entidad.
A diferencia de años anteriores cuando la ruta de los migrantes incluía Estados Unidos, en los seis últimos años la pasada “al otro lado” se ha complicado y el precio del “coyote” se ha encarecido, de tal manera que los ingresos de las familias se han reducido y ahora se ven obligados a trabajar en los ranchos locales.
SON OTROS
Haber emigrado a Baja California Sur ofreció a algunas familias oaxaqueñas la posibilidad de salir de la miseria de sus comunidades en donde subsistían de siembras de autoconsumo como el frijol y el maíz de temporal; muy pocos han regresado a su tierra y si lo hacen es solo por unos días para participar en alguna festividad religiosa o para atender asuntos familiares o de propiedades.
Los que llegaron al estado con edades de 50 años o más casi no hablan español; algunos jóvenes que vienen de la parte serrana de Copala tampoco entienden el castellano, aunque los que sí lo hablan mantienen en su núcleo familiar su lengua materna.
Pero aun con todo y que esta ha sido para miles de oaxaqueños una tierra de oportunidades, la drogadicción y el alcoholismo les están causando estragos; pueblos enteros se convierten durante los fines de semana en gigantescas cantinas al aire libre luego de que miles de trabajadores reciben su pago semanal: la emisión de licencias de venta de alcohol se disparó en los últimos años y tan solo Vizcaíno en donde hay una población permanente de unos 5 mil habitantes se contabilizan solo en la orilla de la carretera más de 100 puntos de venta de cerveza, algunos disfrazados como canta bares o centros botaneros, a los que acuden los jornaleros del pueblo y de los campos agrícolas del Valle, en donde durante la temporada alta de cosecha llegan a vivir más de 10 mil personas.
SEGUNDA OLEADA
Fue a principios de los años 90 cuando se registró la segunda gran oleada de migrantes hacia Baja California Sur, pero ahora para atender la demanda de mano de obra generada por miles de hectáreas de hortalizas de exportación; predominantemente chiles y tomates y en menor medida fresas, calabacitas y espárragos, en una ruta que incluye hasta estos días campos agrícolas y empaques en Sinaloa, Baja California y Baja California Sur.
Siendo la mayor parte de los migrantes campesinos sin tierra en su entidad natal, han echado raíces en Baja California Sur en donde tiene su domicilio permanente, aunque con temporadas de trabajo en Estados Unidos; han construido para sus familias viviendas dignas, sus hijos tienen oportunidades de cursar una carrera universitaria y de acceder a mejores empleos, y se han integrado en comunidades con amplio sentido de pertenencia como sucede en las 12 colonias de Vizcaíno, en donde prácticamente la totalidad de los vecinos comparten el mismo origen, la misma lengua, las mismas costumbres y las mismas tradiciones.
Pese a que se trata de una cultura rica en tradiciones, las comunidades de jornaleros han permanecido por décadas al margen de los programas oficiales, si acaso, algunos son integrados como beneficiarios de apoyos asistenciales. Solamente en La Paz y esporádicamente se promueven sus bailes y su cocina típica.
En medio de tanta pobreza y en tales aislamientos, los jornaleros han recurrido a la religión como único medio de defensa ante la adversidad; tan solo en Vizcaíno hay 13 centros religiosos cristianos cada uno con un promedio de 100 feligreses, que dan a la comunidad cohesión social y pertenencia, y evitan -o al menos contienen- fenómenos que en otros pueblos han provocado estragos y desintegración familiar, a causa de las adicciones.
Según de la asociación de Oaxaqueños radicados en Baja California Sur, en la actualidad viven aquí más de 60 mil ciudadanos originarios de aquella entidad, en algunos casos con dos generaciones de nacidos en estas tierras; la mayor parte en Vizcaíno y el resto en el municipio de La Paz y más recientemente en Los Cabos.
Estimaciones de esta misma organización, señalan que hay aproximadamente 110 mil indígenas o descendientes de indígenas de diversas etnias del país viviendo en este estado.
Estas circunstancias que prevalecieron durante varios años en la mayor parte de los campos agrícolas fue cambiando paulatinamente por factores de diversa índole; fue a principios de los años 90 cuando a causa de un brote de cólera en México, el gobierno de Estados Unidos exigió a los productores de hortalizas mexicanos que aplicaran una serie de medidas sanitarias y aunque no hubo grandes avances, al menos se les dotó de agua corriente y de letrinas.
CONSTRUYERON CAMPAMENTOS
Por presiones de los compradores de hortalizas de Estados Unidos, algunos ranchos fueron más allá: construyeron campamentos con casas de concreto, baños individuales y cocinetas; dieron seguridad social a sus trabajadores, restringieron el consumo de alcohol y prohibieron el trabajo infantil, pero otros como el caso del rancho El Piloto, mantuvieron casi intactas las condiciones a sus trabajadores.
Aunque no se han dado a conocer cifras oficiales, en los panteones de Vizcaíno se registra un marcado crecimiento en entierros de menores de edad hijos de migrantes, que fallecen por enfermedades como la diarrea y otras propias de la pobreza.
Pese a que las condiciones de miseria y explotación de jornaleros en los campos agrícolas de Baja California Sur eran del dominio público, fue hasta enero del 2010 cuando un accidente carretero en la cuesta de la Rumorosa entre Mexicali y Tijuana expuso ante la opinión pública nacional e internacional las graves condiciones de los migrantes.
En ese percance murieron 14 jornaleros agrícolas que habían salido de Vizcaíno con rumbo a Oaxaca, viajando en una unidad a la que le fallaron los frenos; en pésimo estado, con varios años de antigüedad, y operada por ex trabajadores agrícolas que aprendieron a manejar en tractores o en camiones de carga de los que se usan en los campos para acarrear cajas o cosechas.
Derivado de este accidente, salió a la luz pública la existencia de un tráfico de obreros agrícolas que eran enganchados desde diversos puntos de Oaxaca y Veracruz para ser traídos a los campos agrícolas, y en donde el negocio no era solo la comisión que los agricultores pagaban por cada trabajador: El transporte también era negocio.
Los tratantes de personas se dieron cuenta que las líneas de camiones se negaban a subir a los jornaleros debido a su apariencia indígena o a sus condiciones de higiene, de tal modo que arrendaron o compraron viejos autobuses que estaban en desuso y ofrecieron el servicio de transporte hasta sus lugares de origen pasando por San Quintín en Baja California y los campos agrícolas del norte de Sinaloa y el Valle de Culiacán: la ruta de los migrantes.
En el accidente de La Rumorosa fallecieron 14 jornaleros y 21 resultaron con heridas, y la noticia orilló a las autoridades a atender esta problemática; no se sabe si hay detenidos por estos hechos, pero de esa fecha a la actualidad solo se usan camiones en buen estado, de modelo reciente e incluso se uniforma a los operadores; no llevan gente parada en los pasillos y son constantemente vigilados para verificar las condiciones mecánicas y la salud de los choferes.
Cinco años después, en abril del 2015, otra noticia sobre jornaleros agrícolas dio la vuelta al mundo cuando quedaron al descubierto las condiciones infrahumanas en las que vivían más de 200 tarahumaras que trabajaban en la recolección de la papa dos ranchos del Valle de Santo Domingo, durmiendo a la intemperie, comiendo sobre el surco y con menores de edad trabajando. Derivado de estos hechos, la Secretaría del Trabajo admitió que en esta entidad había casi 15 mil niños o adolescentes laborando: Fue tal el impacto internacional que en Indonesia fue interpretado como si en México todavía existiera la esclavitud.
La situación de los tarahumaras fue rápidamente resuelta; casi contra su voluntad, los indígenas fueron regresados a sus lugares de origen a bordo de autobuses fletados expresamente para este servicio; el gobernador del estado –en ese entonces Marcos Covarrubias- fue a hablar personalmente con ellos para convencerlos de que tenían que irse, y posteriormente se obligó a las empresas a construir cuartos dignos para alojar a sus trabajadores.
Fue este movimiento el detonante de la primera insurrección de jornaleros agrícolas, en un movimiento que se incubó en los campos agrícolas de Vizcaíno: en mayo del 2017, miles de trabajadores agrícolas de San Quintín se sublevaron en demanda de mejores condiciones de trabajo, aumento de salarios y contratación colectiva; fueron quemadas patrullas, bloquearon la carretera, hubo enfrentamiento con la policía y extraoficialmente se sabe de al menos tres jornaleros muertos.
La mayoría de los obreros agrícolas que participaron en este movimiento eran Triquis y Copalas originarios de la sierra de Oaxaca y conocidos por sus condiciones de aislamiento, por su atraso en todos los niveles y por ser muy aguerridos; aparte de las demandas económicas, exigían respeto a sus garantías individuales y poner fin al acoso sexual contra las mujeres jornaleras.
