TORREÓN. A 10 años de los terribles hechos ocurridos en Allende en el que se cometieron decenas de asesinatos y desapariciones forzadas, no hay una cifra exacta de víctimas. Para el fiscal de Personas Desaparecidas de Coahuila, José Ángel Herrera Cepeda, la cifra oficial es de 28.
“En ese fin de semana, en esos tres días completos, lo que fue el 18, 19 y 20 de marzo del 2011, nosotros tenemos reportados únicamente 28 personas que estuvieron en calidad de desaparecidas, hubo otros hechos aleatorios, pero que no están relacionados con lo de Allende, entonces sí hay que ser muy puntual, que en un momento determinado en los medios se manejó una cantidad de 100 o hasta más, pero dentro de la investigación, solamente se advierten esas 28 víctimas, una recuperada con vida, un menor de edad en el Estado de México, todos los demás hechos son aleatorios y no están relacionados con este evento”, dijo.
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Señaló que se identificó la participación de nueve exfuncionarios de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Allende y 12 miembros de Los Zetas, y ya la mayoría de ellos están siendo procesados.
Sin embargo, colectivos de búsqueda de desaparecidos señalan que la masacre de Allende no ocurrió sólo del 18 al 20 de marzo de 2011, sino que fueron meses en que el crimen organizado hizo y deshizo en la región norte de Coahuila con la complicidad de las autoridades.
Ariana Denis García Bosque, representante legal de la Asociación Civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, dijo que desde 2013, están documentando casos de desaparición forzada relacionadas con Allende.
“Es cierto que en ese mes y fin de semana se dio el pico más alto de desapariciones, pero ya se habían suscitado antes y posterior a esta fecha que estaban relacionadas con los mismos eventos”, sostuvo.
Criticó que las autoridades no quieran aceptar que esas desapariciones ocurridas tienen relación con el caso Allende. “En 2014 teníamos 80 expedientes, entre desaparición forzada y desaparición involuntaria en la región norte de Coahuila”, dijo.
Por su parte, Juan Enrique Martínez, encargado de litigio y estrategia internacional en el Centro para los Derechos Humanos Juan Fray de Larios, acusó a las autoridades de minimizar el caso.
“No se conoció el caso de Allende hasta unos años después (2014), entonces algo que nos muestra también la documentación de estos casos es cómo las autoridades trataron de limitar u ocultar desapariciones y lo que sucedió en Allende”, sentenció.
El contubernio de autoridades de los tres órdenes de gobierno con el cártel de Los Zetas desencadenó en decenas de desapariciones forzadas en la región norte de Coahuila desde 2004 y hasta 2014, según precisa la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) en la recomendación 10VG-2018.
Con el arribo de Los Zetas, el índice delictivo se incrementó paulatinamente de 2004, en el que se registró una tasa de 9.36 homicidios por cada 100 mil habitantes, hasta un máximo histórico en el año 2012, en el que la tasa llegó a 25.4.
La CNDH determinó que muchos de los desaparecidos fueron trasladados a los ranchos denominados Tres Hermanos y De Los Garza, gracia al Operativo de búsqueda en vida Coahuila Norte, que se realizó entre enero y febrero de 2014.
Sólo en el rancho De Los Garza, las autoridades encontraron 219 muestras biológicas susceptibles de análisis, que debieron ser analizadas a fin de determinar la identidad de las víctimas y se ejercitara acción penal en contra de los presuntos responsables.
TERROR
Carlos Zamora, investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, dijo que lo ocurrido en Allende infundió el terror en toda la región norte del estado, pero también permitió visibilizar lo que ocurría y “evidenció la colusión o corrupción de ciertas autoridades con algunos criminales" que permitió consolidar los colectivos de familias desaparecidas.
“Hoy en día tenemos siete colectivos, que se empoderaron y salieron a exigirle los gobiernos la atención del problema. Que se creara después un grupo de trabajo de carácter autónomo que no depende del gobierno ni tampoco de las familias, que hasta la fecha cumple como órgano mediador entre ambos y de los cuales se han obtenido muchos resultados positivos”, relató.
Como resultado del reconocimiento público de la matanza de Allende, Coahuila aprobó la primera Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición en el país, además de una ley de identificación forense que se tomó como base para generar la Ley de Desaparición de Personas. También se consolidó el primer Centro Regional de Identificación Humana (CRIH).
“SE FRAGMENTÓ LA COMUNIDAD”
Hiram Reyes Sosa, investigador en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), consideró que las desapariciones de Allende fragmentaron el tejido social de la comunidad y dejaron severos daños psicológicos. "Lo que vivió la comunidad en Allende, basado en la teoría social, hizo que la población fuera regulada y cambiara su forma de vida, incluso que despertara paranoia".
Con información de Cristopher Venegas y Diario Venezuela
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