Monterrey.- La Comisión de Transparencia y Acceso al Información (Cotai ) aprobó un punto de acuerdo para iniciar una investigación sobre la compra de un dron por parte del Gobierno del Estado con un costo de 57 millones de pesos y que sería utilizado para labores de seguridad, pero no se ha visto nada al respecto.
La Cotai revisará a detalle el proceso de compra y los documentos sobre ésta, así como el contrato hecho con el proveedor para determinar cuál información debe ser reservada y cuál debe abrirse al público.
De acuerdo al comisionado Francisco Guajardo la compra del dron representa un asunto de relevancia para la ciudadanía y destaca que el Estado reservó información como el número de expediente de la compra, la descripción del servicio, nombre completo, razón social de los participantes y del proveedor ganador, así como el monto propuesto
"Es importante conocer la totalidad de la información que obra en el expediente, ya que éste resultaría en su caso relevante o beneficioso para la sociedad y útil para que el público comprenda las actividades que llevaron a cabo los sujetos obligados y cuenten con la posibilidad de valorar el funcionamiento, en materia de transparencia, de las autoridades que intervinieron en dicha compra, favoreciendo la máxima publicidad y rendición de cuentas", explica.
La Cotai tiene la facultad de iniciar este tipo de revisiones de oficio y el derecho de conocer la totalidad de la documentación de la compra y erogaciones hechas en esta adquisición.
A su vez, Bernardo Sierra, comisionado presidente del órgano mencionó que se requerirán datos a diversas dependencias.
Amonesta COTAI a dos alcaldes
Por negarse a entregar información pública en diversos casos, los alcaldes de los municipios de Ciénega de Flores, Pedro Casas, y de Zuazua, Pedro Ángel Martínez, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información aprobó imponer una amonestación pública a los dos, pero deberá ser ejecutada por el Cabildo.
Los alcaldes han sido opacos en diversos casos, por lo que de manera reiterada se les ha ordenado entregar información y se les ha impuesto sanciones económicas, dice Bernardo Sierra, comisionado presidente de la COTAI.
Si continúan sin entregar los datos requeridos, podrían ser sujetos a sanciones como el arresto.
"En caso de que siga con esa conducta, tendremos que analizar el proceso para dar vista al órgano de control interno para sancionarlo, cuando hay desacato reiterado es arte de las facultades del Pleno ordenar el arresto", advirtió.
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