La justicia mexicana ordenó el miércoles la liberación del exalcalde de Morelos, Enrique Alonso, que se postulaba para una diputación federal de manera independiente, quien fue acusado de homicidio calificado y de ser líder del cártel de "Los Rojos".
Después de una audiencia de más de 20 horas, una juez desestimó la acusación de la fiscalía de Morelos de que Enrique Alonso Plascencia fue el autor intelectual del asesinato de un vendedor de drogas al menudeo en el municipio de Tlaquiltenango, informó a la prensa su abogado, Cristian Fragoso.
La defensa de Plascencia, detenido el 26 de abril pasado, presentó como pruebas de su inocencia videos y fotografías.
"Es una decisión bastante controversial (...) que pone en riesgo la vida de dos testigos", dijo por su parte a Grupo Radio Centro, Jesús Alberto Capella, comisionado de Seguridad de Morelos.
Plascencia también es señalado como líder local del grupo criminal "Los Rojos", según declaraciones de ocho integrantes de esa banda, ha dicho anteriormente Capella.
Momentos después de su liberación, Plascencia aseguró que su detención respondía a temas políticos.
Cuando fue detenido, sostuvo ante la prensa, los policías lo golpearon y le repetían que tenía que renunciar a la candidatura.
"Que iban a ejecutar directamente a mis hijos", detalló el político que ahora teme ser víctima de un atentado.
El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, evitó hablar sobre las pruebas que fueron desestimadas porque las investigaciones en su contra continuarán.
El político ya había sido detenido en 2009 por haber introducido al país ilegalmente a nueve ciudadanos guatemaltecos, así como por portación ilegal de armas de alto poder por miembros de su escolta privada.
Plascencia fue militante del izquierdista Partido de la Revolución Democrática del que se separó debido a confrontaciones con el gobierno estatal y por su interés de postular a la diputación.
Los vínculos entre políticos locales y el crimen organizado son comunes en México, ya sea por complicidad o intimidación de las bandas hacia las autoridades, que en muchas ocasiones son víctimas de los criminales cuando se resisten a permitir sus actividades.
Cuatro políticos, entre alcaldes y candidatos a cargos públicos, han sido asesinados entre marzo y abril, en una sombría antesala a las elecciones de julio, donde se elegirá presidente, legisladores y numerosos cargos locales.
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