Durante el año pasado en el estado fueron llevadas a cabo cerca de 190 mil operaciones financieras sospechosas. Representó un alza superior al 200 por ciento en comparación con el ejercicio anterior.
El aumento fue originado porque fueron más frecuentes las transacciones atípicas en las que participaron directivos de sociedades que están reguladas por la ley contra el lavado de dinero, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público federal (SHCP).
La dependencia informó que en la entidad en 2017 detectó 187 mil 92 movimientos de capital anormales en los que intervinieron 34 mil 380 sujetos en total. Significó un incremento de 179 y 199 por ciento, respectivamente, respecto al año pasado.
Ambos son los números más altos de los últimos 12 ejercicios. De ese universo 85 mil 768 traslados de recursos ocurrieron en el primer semestre y los 101 mil 324 restantes en el segundo semestre.
Aproximadamente 4 mil 595 operaciones fueron clasificadas como "inusuales", 182 mil 471 como “relevantes” y 26 como “internas preocupantes”.
Las primeras son transacciones que no concuerdan con el historial del cliente o el receptor desconfía del destino final de los fondos.
Las segundas implican un monto igual o mayor al equivalente a diez mil dólares en moneda nacional.
Las terceras están protagonizadas por directivos, funcionarios, empleados y/o apoderados de los emisores que muestran una conducta que puede contravenir la ley contra el blanqueo de capitales.
En México la lucha contra dicho delito es regida desde 2013 por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
El ordenamiento observa entre 320 mil y 340 mil actividades de un total de 15 sectores vulnerables a ese flagelo, a los que pertenecen en conjunto hasta 350 mil empresas.
La instancia responsable de su aplicación y sanción es el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La norma castiga esa conducta con prisión de al menos cinco años; y con una multa de hasta 129 mil 520 pesos para los intermediarios que omitan pedir información a sus clientes.
De 2005 a 2017 en Chiapas fueron descubiertos 285 mil 843 presuntos movimientos con efectivo de dudosa procedencia que involucraron en conjunto a 352 mil 62 personas, detalló la SHCP.
El exintegrante de las comisiones Anticorrupción y de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Guillermo Álvaro Ruiz Ramírez, solicitó a la autoridad fiscalizar más a las sociedades rurales, un tipo de organización que frecuentemente es creada en Chiapas, que por sus características es susceptible al lavado de fondos.
Son empresas pequeñas que ni siquiera necesitan un notario público para constituirse. Por eso, los campesinos puedan crearlas desde su propio municipio. "Tendríamos que estar viendo que el fin de esas sociedades sea el óptimo", opinó.
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