Austin, Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgóla controversial ley antiinmigrante SB 4 que prohíbe lasdenominadas ciudades santuario y autoriza a policías locales apreguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sidodetenida por cualquier motivo.
"Los texanos esperan que mantengamos a la gente segura y eso esexactamente lo que vamos a hacer al firmar esta ley", dijo Abbottantes de firmar la legislación esta tarde.
Abbott, quien presentó la prohibición de las ciudadessantuario como un asunto de emergencia que debía recibirconsideración expedita, firmó la iniciativa cuatro días despuésde que fue aprobada por ambas cámaras de la LegislaturaEstatal.
El gobernador de Texas firmó el domingo una ley contra las“ciudades santuario” que permite a los agentes preguntar lacondición migratoria a detenidos y amenaza con cárcel a los jefespoliciales que no cooperen con las autoridades federales.
El mandatario estatal republicano, que cumple su primer periodoen el cargo, adoptó el protocolo inusual de firmar la iniciativa ydifundir el acto en su página de Facebook sin aviso previo alpúblico. También lo hizo en su cuenta de Twitter:
Tonight I signed the law that bans sanctuarycities in Texas. Stiff penalties for violators. #txlege #tcot pic.twitter.com/MeVSCpg2oR
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 8 demayo de 2017
Las “ciudades santuario” impiden a sus policías yautoridades indagar a las personas sobre su estatus migratorio oreportar indocumentados a las autoridades de inmigración.
La legislatura texana intentaba prohibir las ciudades santuariodesde 2011 sin éxito, por lo que la aprobación y promulgacióndel estatuto es un fuerte victoria para el gobernador Abbott y parael Partido Republicano.
También puedes leer:
"Como gobernador, mi máxima prioridad es la seguridad pública,y este proyecto de ley promueve ese objetivo al mantener criminalespeligrosos fuera de nuestras calles", dijo Abbott.
“Es inexcusable liberar a individuos de la cárcel que hansido acusados de crímenes atroces como agresión sexual contramenores, violencia doméstica y robo. Hay consecuencias mortales ano hacer cumplir la ley, y Texas se ha convertido en un estadodonde esas prácticas no son toleradas”, indicó.
Grupos proinmigrantes que se oponen a la legislación, hanamenazado con acudir a las Cortes para frenar su aplicación alconsiderarla anticonstitucional.
La ley SB 4, que entrará en vigor a partir del próximo 1 deseptiembre, tiene como objetivo prohibir que los gobiernos localesadopten políticas consideradas santuario para los inmigrantesindocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes deinmigración.
Bajo la nueva ley, los gobiernos locales y los departamentos depolicía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podríandejar de recibir millones de dólares en fondos públicos yenfrentar multas y otras sanciones.
El proyecto de ley también sancionaría a los sheriffs,policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridadesfederales y honrar las solicitudes de detención de los agentes deinmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanossujetos a la deportación.
Le ley prevé imponer sanciones de hasta 25 mil dólares pordía a las jurisdicciones que violen sus disposiciones.
La ley también permitirá a los agentes de policía el poderpreguntar acerca del estatus migratorio a toda persona que hayasido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinariasparadas de trafico.
Esta disposición asemeja la ley SB 4 a la previsión de lacontroversial ley de Arizona SB 1070, que es conocida como“muéstrame tus papeles”, al autorizar a los policías acuestionar el estatus migratorio.
Los jefes de policía de las principales ciudades de Texas,incluyendo Dallas, Austin, Houston, San Antonio y Fort Worth, hanexpresado públicamente su oposición a la ley SB4.
“Mandatos amplios, como esos impuestos por la SB 4, querequieren que la policía local asuma un papel más activo en laaplicación de la ley de inmigración, hará más pesada larelación entre la policía local y las diversas comunidades a lasque servimos”, advirtieron los jefes policiales en unadeclaración conjunta la semana pasadas.
“Esto conducirá a la desconfianza en la policía, a menoscooperación de los miembros de la comunidad y fomentará lacreencia de que no pueden pedir ayuda a la policía por temor a sersometida a una investigación de inmigración”, señalaron.
