La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet señaló su preocupación por la situación de Nicaragua, donde "no queda ningún órgano de derechos humanos internacional", tras la suspensión por el Gobierno de la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
También denunció los ataques a la libertad de prensa en suelo nicaragüense, "que se han intensificado con redadas a medios de comunicación y detención de periodistas, incluso por presuntos delitos relacionados con el terrorismo".
Sobre Guatemala, donde las tensiones con Naciones Unidas han aumentado a raíz de la decisión del presidente Jimmy Morales de poner fin a la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Bachelet mostró su inquietud por el deterioro de la protección del sistema judicial.
"Jueces, fiscales, testigos y defensores de derechos humanos se enfrentan a un riesgo cada vez mayor, lo que hace que se incrementen las tensiones entre el poder Ejecutivo y el Judicial", subrayó la alta comisionada.
La delegación guatemalteca negó hoy en su réplica la existencia de esas tensiones y subrayó que la decisión relativa al Cicig se produjo después de que su comisionado, el jurista colombiano Iván Velásquez, "se excediera en sus funciones durante un año y medio".
"La principal fuente de tensión es la negativa del secretario general de la ONU (Antonio Guterres) a cambiar al comisionado e investigar algunas de sus acciones", sostuvo la delegación.
También invitó a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que dirige Bachelet a abrir una representación permanente en Guatemala.
Bachelet denunció por otra parte la situación de vulnerabilidad que viven muchos migrantes centroamericanos en las caravanas que viajan por México hacia Estados Unidos, y recordó la muerte de dos niños guatemaltecos cuando estaban bajo custodia de las fuerzas de seguridad estadounidenses.
La respuesta a estos migrantes "ha de ser humanitaria, con unas condiciones adecuadas de recepción y detención", para lo cual debe adoptarse "una forma ética de controlar la migración".
