CD. JUÁREZ. La polémica ley migratoria de Texas conocida como SB4, que permite al estado arrestar y deportar a migrantes que hayan cruzado de manera irregular, volvió ayer a un tribunal de apelaciones, donde los magistrados se mostraron divididos sobre decidir si se autoriza o no aplicar la normativa, en medio del desconcierto de migrantes por las decisiones judiciales contradictorias.
El martes, la Corte Suprema de EU emitió una orden que daba luz verde para que la ley entrara en efecto. Esta decisión duró sólo unas horas, ya que la corte de apelaciones del quinto circuito (con sede en Nueva Orleans, Luisiana) intervino y prohibió su implementación hasta que sus magistrados emitan un fallo definitivo.
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El panel, compuesto por tres jueces federales, se dio cita ayer para escuchar los argumentos de los abogados del gobernador Greg Abbott y del gobierno de Joe Biden, enfrentados sobre la pregunta de quién tiene la potestad para ejercer las leyes migratorias de EU en la frontera.
La regla tipifica como crimen estatal, con condena de hasta seis meses de cárcel o 20 años para personas reincidentes, la entrada irregular a Texas desde México.
A su vez, permite que los jueces del estado ordenen que los migrantes arrestados bajo este nuevo delito sean expulsados a territorio mexicano. La corte de apelaciones se mostró dividida sobre si seguir bloqueando la ley de Texas, respaldada por los republicanos.
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Los dos jueces que intervinieron durante los argumentos del miércoles, que duraron una hora, se mostraron muy divididos sobre si la SB4 interfiere indebidamente en la aplicación de la ley de inmigración estadounidense por parte del gobierno federal, como argumenta la administración de Biden.
La jueza Priscilla Richman, designada por el expresidente republicano George W. Bush, fue escéptica ante la SB4 y señaló que ningún otro estado ha reclamado el derecho a expulsar a personas que están ilegalmente en el país, lo que puede ser suficiente para frenar temporalmente su aplicación. “No es un poder que los estados hayan ejercido históricamente”, dijo.
El juez de circuito Andrew Oldham, designado por el expresidente republicano Donald Trump, cuestionó duramente al abogado del Departamento de justicia y parecía probable que se pusiera de lado de Texas, ya que también fue en el pasado asesor general de Abbott.
La jueza Irma Carrillo Ramírez, nominada por Biden y confirmada el año pasado, no pareció hablar durante la audiencia, que se llevó a cabo por videoconferencia y se transmitió en vivo al público mediante audio.
Hasta ayer no estaba claro cuándo emitirían su fallo, sin embargo -según medios de comunicación de EU- tanto el Departamento de Justicia como el gobierno de Texas podrán apelar la decisión una vez más ante la Suprema Corte de EU. En tanto, la canciller de México, Alicia Bárcena, pidió a los mexicanos que viven en Texas acercarse a los consulados y“conocer sus derechos” ante los fallos“contradictorios” sobre la ley SB4.
Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que mantendrá los arrestos de personas migrantes y la construcción de un muro en la frontera con México, pese a la suspensión de la SB4.
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“Mientras continúa la lucha en los tribunales para mantener la ley SB4, Texas seguirá deteniendo a migrantes irregulares por allanamiento de morada”, escribió su perfil personal de la red social X.
En este sentido, Abbott señaló que las fuerzas de seguridad estatales han realizado más de 41 mil “arrestos criminales”. Afirmó que siguen “construyendo un muro fronterizo, utilizando a la Guardia Nacional para erigir alambre de púas para repeler a los migrantes y manteniendo las barreras de boyas en el río (Bravo)”.
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