Casi un tercio de los estados que conforman la Unión Americana han aprobado o impulsan leyes antimigrantes con las que pretenden penalizar la llegada de miles de personas de distintas partes del mundo que buscan hacer realidad el sueño americano.

Algunas de las medidas únicamente son proyectos de ley que aún no han entrado en vigor, y en algunos casos, incluso, se litigan con el gobierno federal. Sin embargo, la proliferación de estas legislaciones ha polarizado la migración como un tema clave de la campaña presidencial en Estados Unidos para los comicios de noviembre próximo.

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De acuerdo con información recabada por El Sol de México, al menos 15 de los 50 estados de la Unión Americana han aprobado medidas contra los migrantes, tres veces más de los que había apenas hace una década. Texas, Florida, Georgia y Arizona han planteado cambios que autorizan las penas más duras en contra de aquellos que crucen la frontera de manera ilegal.

El estado de la estrella solitaria aprobó en noviembre del año pasado la ley conocida como SB4, a través de la cual se autoriza a la policía estatal a arrestar a personas sospechosas de cruzar, sin documentos, la frontera entre Texas y México. Así, quienes sean sorprendidos o acusados podrían recibir desde multas hasta cárcel. También permite a las autoridades deportar a los migrantes a México sin un juicio previo.

En medio de la complicada batalla legal entre los gobiernos del estado y el federal, que impidió que esta medida entrara en vigor el pasado 5 de marzo, la incertidumbre crece entre los migrantes indocumentados que logran llegar al estado de Texas.

En entrevista, Alicia Rubalcaba quien apoya en uno de los 19 refugios para migrantes en Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, asegura que las atenciones psicológicas por ansiedad, miedo e incluso por pensamientos suicidas aumentaron 300 por ciento desde que el gobernador Greg Abbott aprobó la SB4.

“Los migrantes llegan con un objetivo claro, cruzar hacia Estados Unidos, lo van a intentar a pesar de las restricciones e incluso de las condiciones climáticas, pero la difusión de estas medidas por supuesto que los afecta psicológicamente, sienten miedo, ansiedad”, dijo.

El estado de Florida tiene vigente una ley conocida como SB1718, una de las más estrictas de Estados Unidos contra los indocumentados. Esta normativa fue promovida por el gobernador Ron DeSantis quien, además, ha hablado de deportaciones masivas e incluso de terminar con el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

En el estado se prevén castigos tanto para los indocumentados como para quienes les den empleo o los transporten. También obliga a los servicios médicos a registrar el estatus migratorio de todos los pacientes, al tiempo que los migrantes indocumentados no tienen derecho a obtener un permiso de conducir e invalida los expedidos por otros estados.

De acuerdo con Javier Urbano, especialista en temas migratorios, en Estados Unidos hay una tendencia creciente a que las asambleas legislativas estatales presenten y aprueben proyectos de ley sobre temas relacionados con la migración, poniendo a prueba los límites de hasta dónde pueden llegar respecto a la legislación federal.

Tal es el caso de los republicanos de la Cámara de Representantes de Georgia, que la semana pasada aprobaron un proyecto de ley que obliga a todos los departamentos de policía a identificar a los indocumentados para arrestarlos y deportarlos. La ley HB1105 también plantea establecer nuevos requisitos para que los funcionarios de prisiones comprueben si una persona ingresó al territorio estadounidense de manera ilegal. Además acusa de un delito menor a los policías que no verifiquen el estatus migratorio de los detenidos y amenaza con negar el financiamiento estatal a cárceles que no cooperen con las políticas antimigrantes.

“Como el gobierno federal no avanza en una reforma que solucione en definitiva el problema migratorio, lo que hacen los gobiernos locales es demostrarle que no lo necesitan”, agregó Urbano.

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Un nuevo proyecto de ley contra migrantes indocumentados avanza a pasos agigantados en Arizona. Se trata del SB1231, con el cual el estado busca seguir la senda de la polémica SB4 de Texas y convertir la inmigración ilegal en un delito estatal. De esta forma, Arizona podría eludir los procesos judiciales federales y autorizar a la policía local y estatal a actuar contra la inmigración, algo que es de competencia federal.

Iowa, Tennessee, Florida, Luisiana y Carolina del Norte son otros de los estados cuyas legislaturas aprobaron o discuten proyectos de ley similares a la ley texana, que imponen duras sanciones a los indocumentados bajo el argumento de que deben actuar para contener la llegada de migrantes.