Un cuarto estadounidense fue arrestado este martes en Venezuela, acusado por un supuesto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro, en un momento en que expertos de la ONU denuncian una "intensificación del aparato represivo" en ese país tras la cuestionada reelección del gobernante izquierdista.
El nuevo arresto se suma a otros anunciados el sábado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en medio la crisis surgida tras las elecciones del 28 de julio, que la oposición denuncia como un fraude y que Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocen.
El cuarto estadounidense detenido "fue capturado en Caracas tomado fotos de instalaciones eléctricas, petroleras, unidades militares", informó Cabello en una comparecencia ante el Parlamento, sin identificarlo. "Tengan la certeza que este caballero forma parte del plan contra Venezuela (...): asesinar al presidente Nicolás Maduro, a (la vicepresidenta) Delcy Rodríguez, a mi persona".
Dos españoles y un checo también están presos por el caso y las autoridades reportan la incautación de 400 armas de guerra.
No está claro el sitio de reclusión, los cargos que se le imputan o si fueron presentados ante un juez. Sus países han pedido a Venezuela "información".
"Están preguntando dónde está su gente, que qué maldad le estamos haciendo a su gente, nosotros respetamos los derechos humanos y están resguardados por las autoridades de Venezuela en lugar seguro", respondió Cabello.
No es la primera vez que detienen a extranjeros por "conspiraciones"
Los tres estadounidenses previamente detenidos habían sido identificados como Wilbert Castañeda, militar activo, David Estrella y Aaron Barren Logan. Los españoles son José María Basoa y Andrés Martínez Adasme; y el checo, Jan Darmovrzal.
Cabello dijo que Castañeda era "el jefe" del complot.
No es la primera vez que extranjeros son detenidos en Venezuela acusados de conspiraciones.
Los estadounidenses Luke Denman y Airan Berry fueron condenados a 20 años de cárcel por la "Operación Gedeón", plan denunciado en 2020 por Maduro para invadir Venezuela, que terminó con ocho "mercenarios" muertos. Ambos fueron excarcelados en diciembre pasado en un intercambio de prisioneros que llevó a la liberación del empresario colombiano Alex Saab, contratista estatal acusado de ser "testaferro" de Maduro.
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El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, sostuvo el martes una conversación telefónica con su par de Venezuela, Yván Gil, y le comunicó que su gobierno "va a ejercer" protección diplomática y consultar de los españoles arrestados.
Gil, por su parte, insistió en que los detenidos forman parte de la agencia de inteligencia española (CNI), lo que Madrid niega.
ONU acusa de un plan para "silenciar" a la oposición
Un informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en septiembre de 2019, sostuvo este martes que la respuesta de las autoridades a manifestaciones poselectorales representó "un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho".
El documento, que examina la situación entre el 1 septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 con centenas de entrevistas y documentos, da cuenta de violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad, que considera parte de un "plan coordinado" para "silenciar" a la oposición.
"No son actos aislados o aleatorios", subraya el texto, que destaca que la "brutalidad de la represión" ha generado un "clima de miedo generalizado".
Tras la proclamación de Maduro, estallaron protestas que dejaron 27 muertos y unas dos mil 400 personas detenidas.
"Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia", afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, habló por teléfono con la líder opositora María Corina Machado y el propio González Urrutia para expresarles que la Casa Blanca "seguirá defendiendo el retorno a las libertades democráticas" en Venezuela y "luchará para que se respete la voluntad de los votantes", de acuerdo con Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
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