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Ante las propuestas legislativas de lo que se ha denominado “Pin Parental”, Save the Children alertó a la sociedad y exhortó a los congresos estatales detener este tipo de iniciativas, que vulneran el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, colocándoles en una situación de riesgo, en un país en el que los niveles de violencia cada vez son más altos, incluyendo la violencia sexual y la discriminación.
La organización detalló que esta iniciativa contraviene diversos ordenamientos legales nacionales e internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, fundamentalmente en lo que se refiere a los derechos de: Interés Superior de la Niñez; Igualdad Sustantiva; No Discriminación; Vivir en Condiciones de Bienestar y Sano Desarrollo Integral; Protección a la Salud y a la Seguridad Social; Educación; Libertad de Expresión y de Acceso a la información y Participación.
Dijo que además de violentarse los derechos señalados, estas iniciativas pueden traer como consecuencia diversas problemáticas, como: el incremento de violencia y el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, la transmisión de VIH y otras infecciones de transmisión sexual, el embarazo en edades tempranas, el acoso escolar, la discriminación, la homofobia, la trata de personas, entre otras.
Save the Children recordó que tan solo en el 2018, de los 2.1 millones de nacimientos totales que se registraron en México, 339 mil 504 fueron de adolescentes menores de 19 años de edad (15 por ciento del total), y 5 mil 861 de niñas menores de 15 años.
Asimismo, en el 2019 se estimó una tasa de 77 nacimientos por cada 1000 adolescentes de 15 a 19 años de edad.. En este sentido, detrás de muchos embarazos adolescentes puede haber violencia sexual, nupcialidad temprana, no uso o uso incorrecto de anticonceptivos y una falta de educación integral sexual, especialmente en edades tempranas.
“El embarazo adolescente es un problema de salud pública que pone en riesgo la supervivencia de las adolescentes. Al no contar con el desarrollo físico adecuado, tienen mayores posibilidades de morir por complicaciones en el embarazo o el parto; además aumenta la probabilidad de que su bebé nazca de manera prematura o con bajo peso”, remarcó.
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Por lo que se refiere a la violencia sexual, en lo que va del año (enero-mayo) se reportaron 2 mil 164 casos de abuso sexual, 3 mil 503 casos de acoso y hostigamiento sexual y 1 mil 577 casos de violación. Entre los estados que presentan los niveles más altos de este tipo de violencia se encuentran Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Nuevo León, entre otros.
Asimismo, en lo que se refiere a la violencia intrafamiliar, además de aumentar el número de casos de mujeres agredidas en un 80 por ciento durante la pandemia, el 48 por ciento de las hijas e hijos de las mujeres que solicitaron apoyo fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante el periodo del confinamiento, y el 5 por ciento sufrió abuso sexual.
Ante estos datos, Save the Children llamó a los congresos de las 32 entidades federativas, para no promover ni aprobar modificaciones a los marcos jurídicos, que atenten contra los derechos humanos y, por el contrario, “exhortamos a reforzar los contenidos educativos y una cultura de respeto y protección de los derechos de todas las personas, particularmente de las niñas, niños y adolescentes, quienes, en su proceso de formación, deben tener acceso a una educación de calidad que les permita formarse un juicio y participar de manera responsable en el ejercicio de sus derechos y en el desarrollo de su personalidad, de manera libre”.
En este sentido, y en concordancia con lo recomendado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se debe garantizar que los planes y programas de estudio tengan una perspectiva de género y una orientación integral, incluyendo, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva, la diversidad sexual y la prevención de la violencia, así como información relativa al acceso a servicios sanitarios y métodos anticonceptivos.
Por último, las autoridades estatales deben garantizar la implementación de campañas y espacios de formación permanentes dirigidos a madres, padres, cuidadores, docentes y a la comunidad educativa sobre los derechos de la niñez y adolescencia, incluyendo el derecho a la salud sexual y reproductiva y al libre desarrollo de la personalidad.
“Estas acciones con el fin de generar los conocimientos y actitudes para que madres, padres y cuidadores puedan dar una orientación y dirección apropiadas, con un enfoque de derechos, a sus hijas e hijos”, finalizó.
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