El Senado de la República solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe sobre las denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que se obtuvieron por la revisión de los recursos públicos destinados al Seguro Popular, en el ámbito estatal, de 2013 a 2017.
En el Pleno de la Cámara alta se aprobó con 97 votos, que la ASF rinda un reporte de los “procedimientos resarcitorios instaurados” llevados a cabo, por las irregularidades encontradas en la aplicación de dichos recursos.
El senador Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, dijo que con este dictamen se busca fortalecer la transparencia en los programas de salud, e impulsar la cultura de rendición de cuentas en nuestro país.
En el dictamen se menciona que la ASF “ha practicado 174 indagatorias, de las cuales se destacan las realizadas en varios estados de la República, que concentran más del 50 por ciento de los recursos no aclarados en los procedimientos efectuados por la propia Auditoría”.
También, hizo un exhortó a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que se cumpla con la normativa aplicable en materia de abastecimiento de medicamentos en las instituciones de salud de su competencia.
Del total de recursos presuntamente ejercidos de forma irregular (16 mil millones), se agrega, más de tres mil millones corresponden a 2013; arriba de cinco mil millones, a 2014; en 2015, superaron los dos mil millones; en 2016, fueron cuatro mil millones; al año siguiente, 500 millones de pesos.
Miguel Ángel Navarro Quintero, senador de Morena, consideró la necesidad de analizar el federalismo en materia de salud, pues entre otros problemas, hay una de deuda a proveedores de alrededor de 70 mil millones de pesos; además, existe una confusión en las licitaciones a medicamentos, material de curación y otros insumos.
La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT, expresó: “No puede existir acto más vil que robarse los recursos destinados para combatir las enfermedades entre la población más vulnerable”. No se puede permitir, asentó, que quede la menor duda sobre el destino de los recursos destinados para este fin.
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