Nunca pararon durante el confinamiento. Entre marzo de 2020 y octubre de 2021, más de 25 mil personas de los cinco municipios más pobres del país, en la Montaña de Guerrero, salieron a los campos agrícolas de Sinaloa, Valle de San Quintín, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán a levantar cosechas.
Son jornaleros que trabajan de sol a sol, en condiciones deplorables y con prestaciones sociales sólo en el papel. “Para ellos, es migrar o morir. Quedarse en sus comunidades es morirse de hambre. Ellos hacen posible que los alimentos lleguen a nuestra mesa, pero tienen salarios de hambre”, refiere a El Sol de México el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
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Para estos trabajadores, el incremento al salario mínimo anunciado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) para 2022, de 172 pesos diarios, no significa nada en comparación a lo extenuante de su trabajo.
“Realmente no se sienten reflejados en este aumento, porque su trabajo es extenuante de sol a sol, en condiciones deplorables. La mayoría de ellos prefiere el trabajo a destajo, esto es, la recolecta en cubetas de 20 kilogramos de chile, tomate, por las que les pagan cinco pesos”.
Los jornaleros no sólo se encargan de llenar las cubetas sino cargarlas de 100 a 500 metros para depositarlas en un camión que luego transporta la mercancía.
“Hay padres de familia que cargan hasta tres cubetas: una en la cabeza, otra en el hombro izquierdo y otra en la mano derecha”.
Lo más que pueden sacar con este trabajo intenso son 150 pesos diarios “y los que trabajan con todo el sudor de su frente hasta 300”, denuncia Barrera desde Tlapa, Guerrero.
Explica que desde hace dos años organizaciones civiles conformaron una alianza denominada Campo Justo donde una de las metas fue lograr que la Conasami empezara a incorporar a los trabajadores jornaleros agrícolas porque antes no se contemplaban dentro de los salarios especiales.
Fue un gran logro que pudieran incorporarlos, pero el salario mínimo que se asignó para la población jornalera en 2022 sigue siendo insuficiente. De acuerdo con Barrera, estos trabajadores requerirían un mínimo de 300 pesos diarios para cubrir sus necesidades más elementales.
“El piso básico. Para las y los jornaleros es insuficiente, pero es la meta. No se ha logrado. Vamos muy despacio. Sabemos que por lo menos ya hay voluntad política. Ya hay mayor disposición para el aumento al salario mínimo”, señala.
Las y los jornaleros son trabajadores especiales. Durante la pandemia nunca pararon. Ellos no estuvieron confinados a pesar de los contagios, ellos estaban en los campos agrícolas haciendo la recolecta.
En su viaje a los campos agrícolas la población queda muy expuesta. Viajan con niños, madres embarazadas, personas mayores. No les dan alojamiento. Tienen que pagar renta de un cuarto, donde no tienen baño o no hay electricidad. Tienen que tomar agua del canal.
Y, sin embargo, el ingreso precario de los jornaleros es el pilar que sostiene la economía de las familias de La Montaña, afirma Barrera con contundencia.
–¿Ya tuvieron acercamiento con funcionarios de Conasami?
–Recientemente no hemos tenido pláticas. Hablamos en una ocasión con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y le planteamos nuestra preocupación. Asumió en colocar el salario mínimo de los jornaleros en la agenda.
Hemos hablado con algunos miembros del consejo de la Conasami, más con los representantes de los sindicatos. Ha sido difícil hablar con los empresarios, pero seguimos empujando.
SEGURO SOCIAL SOLO EN EL PAPEL
El activista indica que a nivel nacional se habla de alrededor de tres millones de personas que se ocupan como jornaleras, sobre todo provenientes de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Veracruz. Contando a sus familias, se estiman en 8.5 millones.
“Hemos documentado que 40 por ciento de la población de La Montaña son niños y al mismo tiempo casi 30 por ciento no van a la escuela. Entonces, son altos los índices de analfabetismo, de monolingüismo; madres de familia que no saben leer ni escribir; que se van embarazadas y muchas son madres solteras que tienen que ir a trabajar con tres o cuatro niños”.
Barrera indica que también han pedido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que realice inspecciones en los campos agrícolas y verifique las condiciones laborales de la población jornalera.
“Ellos (la STPS), nos hablan de que hacen muchas inspecciones, pero con pocos resultados. No vemos que haya recomendaciones y que se obligue a los empresarios a que cumplan con las leyes laborales”.
–¿Y que los inscriban en el IMSS?
–Correcto. Se aplica el Seguro Social pero solo en el papel, porque en la práctica, la gente nos dice que cuando se enferman, ellos tienen que pagar médico y comprar las medicinas. No se hace efectivo el IMSS. Ese es el problema. Y esto en verdad, es una carga muy grande porque con la pandemia se han enfermado varios de ellos y han cubierto los tratamientos.
–Y por otro lado está el trabajo infantil, ¿los hijos tienen que colaborar?
–Exacto. Pequeños de 12 años sobre todo. Quiero comentarle que en México hay muchos campos agrícolas que no están registrados en la STPS, que no están dados de alta. Son como campos informales, clandestinos. Son de ganaderos, de empresarios que rentan la tierra y que para cosechar necesitan mucha mano de obra.
Y como no están registrados ni regulados, ellos contratan a las familias y les dan trabajo a los menores y eso no debe de suceder. Las mismas familias ven una oportunidad porque los hijos no van a la escuela y no los pueden dejar en el pueblo porque no pueden sostenerlos y entonces trabajan los niños. Y en lugar de un salario reciben cuatro o cinco sueldos.
Eso les ayuda a tener mejor ingreso. No es tanto, porque ahí mismo en el campo tienen que comprar los productos y son muy caros. Es un círculo vicioso que lo que ganan extra se queda ahí entre un 60 a 70 por ciento. Entonces, regresan con 10 mil, 15 mil o 20 mil pesos por temporada de seis meses.
Y esto para una familia no le alcanza para la compra del maíz, de ropa, utensilios para los hijos que van a la escuela o medicinas.
–¿Cuántos niños trabajan en los campos agrícolas?
–Es un alto número de niños. Hacemos una contabilidad de 40 por ciento de cero años a 17 años. Ahora, serán como tres mil niños de 12 a 17 años que más trabajan en las temporadas que van de febrero a septiembre cada año.
Es lo que más o menos hemos registrado aquí en la región de la Montaña.
–¿Se mantienen los rezagos sociales?
–En efecto. Trabajan mucho, ganan poco. Siguen los rezagos sociales: En las comunidades están sin escuelas y sin maestros, Y donde hay, las escuelas son unitarias porque solo hay un maestro para todos los grupos. Es parte de la discriminación estructural.
Los niños indígenas si son 20 solo mandan un maestro que ni habla la lengua de las comunidades. Vienen nada más a castellanizar, eso no es educación. Faltan maestros que hablen la lengua y que tengan visión de interculturalidad, que reconozcan que a los niños hay que enaltecer su identidad, sus conocimientos.
Esto ha hecho que el rezago social sea muy profundo aquí en la Montaña: comunidades todavía con caminos intransitables, algunos no tienen luz. Y a pesar de que las montañas son fuentes de agua y en sus casas no tienen una llave de agua.
Aquí nacen los afluentes del río Balsas y Papagayo y paradójicamente no tienen agua en sus viviendas y comunidades. El problema es que no hay infraestructura para los servicios básicos de la comunidad.
–¿Cree que Conasami ya se sensibilizó en el tema de los jornaleros agrícolas?
–Creo que del uno al 10, vamos en el número dos. Falta más. Como hay una conformación tripartita, los empresarios no están muy convencidos. Los sectores de los trabajadores, tampoco todos los apoyan, los sindicatos. Entonces, falta más trabajo. ¡Ya logramos colocar el tema!
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