Cinco organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) múltiples amparos en contra del acuerdo militarista publicado el 11 de mayo con el que la Presidencia de la República faculta a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública hasta 2024.
Las organizaciones entre las que se encuentran México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), EQUIS Justicia para las Mujeres, Intersecta, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), señalan que el acuerdo presidencial viola la Constitución mexicana porque no garantiza que el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública sea extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado, y complementario; además de violar las obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano en materia de derechos humanos.
Estos requisitos buscan limitar la arbitrariedad, violencia, y opacidad con la que operan las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Argumentan que a lo largo de 14 años en los que el Ejército y la Marina han realizado funciones de seguridad pública, se ha documentado su participación en la comisión de violaciones a derechos humanos; por ejemplo, detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, y desplazamientos forzados.
Esto dicen, demuestra que la militarización de la seguridad pública no sólo no ha logrado disminuir los índices de violencia, sino que los ha agravado. A pesar de ello, la estrategia que apuesta por profundizar la militarización avanza contradiciendo a la Constitución, a los tratados internacionales, al Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración federal, y pone en riesgo los derechos humanos de todas las personas.
Las organizaciones advierten que la militarización de la seguridad pública no sólo no resuelve el problema de violencia, sino que debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho una defensa y a la justicia. “Consideramos que el Acuerdo compromete a la sociedad mexicana a vivir bajo un modelo de seguridad incompatible con la protección, defensa y promoción de los derechos humanos”.
Solicitaron al poder judicial ordene al Ejecutivo federal emitir un nuevo Acuerdo que incluya los parámetros que garanticen que la operación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, y complementaria.
Piden también el informe previo ante el Senado sobre la necesidad de usar a las Fuerzas Armadas permanentes; los detalles del plan de retorno de la Fuerzas Armadas permanentes a los cuarteles una vez terminado el período señalado en el acuerdo y la exposición pormenorizada del estado de desarrollo de la Guardia Nacional– incluyendo su estructura, capacidades, e implantación territorial.
Argumentan que de 2007 a 2014 se registraron alrededor de 3,900 muertes a manos de militares. A pesar de ello, de 2006 a 2019 solo se han registrado 21 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia Militar por homicidio doloso.
EQUIS Justicia para las Mujeres e Intersecta advierte que el despliegue militar en labores de seguridad pública se ha traducido en una reiterada y sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, de acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el 2016, aproximadamente 97,000 mujeres fueron violentadas por soldados y marinos. Entre estas agresiones, se incluyen desde piropos hasta agresiones físicas, como patadas o golpes. Incluso, se señala a los soldados y marinos de haber seguido y vigilado a mujeres.
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