CULIACÁN. No hubo forma, procedimiento o ley que hiciera que la expareja de Deneb G aportara la pensión económica del hijo que tienen en común. Durante casi ocho años esta mujer originaria de Oaxaca enfrentó a la burocracia, a la violación institucional y a un desgaste emocional y psicológico sin tener éxito para lograr algo que por obligación es.
De la relación entre Deneb G y César S dio fruto un hijo reconocido en el año 2010. Los problemas vinieron en 2013, cuando César se puso renuente a pagar un préstamo de 80 mil pesos que le había solicitado a la familia de Deneb, con el objetivo de montar un negocio.
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La situación traspasó la relación, pues también se negaba a proveer para la manutención del niño, argumentando que no tenía dinero, lo que detonó una discusión en la que incluso fue necesaria la intervención de la policía. Hasta que finalmente, en junio del 2014, se rompió la comunicación entre la pareja.
Hace un año Deneb se unió al movimiento que había iniciado su paisana Diana Luz Vázquez Ruiz, a quien el padre de su hija le negó reconocimiento de paternidad y por ende también la pensión económica.
Como último recurso, ante el hartazgo de violencia institucional, Diana Luz convocó en el estado sureño a un “tendedero de deudores alimentarios” en el que empezó a evidenciar y exponer en redes sociales a sujetos que no aportaban con la pensión alimentaria de sus hijos.
La comunidad creció rápidamente, pronto empezaron a llegar denuncias y reportes de deudores alimentarios de otras ciudades y estados de la República. Fue así como nació el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios (FNMCDA).
VACÍO INSTITUCIONAL
Deneb relata que después de la separación, César se refugió en la casa de sus papás. La familia le solapó y bloqueó toda comunicación con ella.
Durante dos años no buscó a su hijo, no pagó la deuda ni la manutención, menos se hizo responsable de los cuidados y crianza. Fue a inicios del 2016 cuando Deneb presentó una denuncia de alimentos.
César apareció y estuvo aportando de forma irregular e incompleto, luego presentó una incapacidad por una lesión y con eso justificó la falta de empleo y de ingresos. Para finales de 2017 dejó de pagar y se hizo el desaparecido otra vez.
Recuerda que antes de iniciar el proceso de demanda tuvo que pedir permiso a su jefe en la oficina, prácticamente, para que le permitiera salir para atender las audiencias.
“Le tienes que invertir tiempo y dinero para pagar un abogado, estar al pendiente del juzgado y de las audiencias”, recordó.
No sólo es ir a poner una demanda y ya. En el camino las madres se tropiezan con una serie de retos en las propias instituciones. Precisó que las autoridades y funcionarios son en muchos casos solapadores y machistas; abogados, jueces y psicólogos no juzgan con perspectiva de género, ni atienden al interés superior de las infancias.
“Te ignoran los abogados, los jueces, falta perspectiva de género; no hay una sistematización, una digitalización”, apuntó.
Tampoco hay unificación ni comunicación entre las instituciones (Registro Civil, juzgados y Fiscalía). “Es desgastante, frustrante y agotador mental y emocionalmente, porque además se tiene que dedicar tiempo para encargarse del cuidado de los hijos y trabajar”, agregó.
Contó que en 2018 promovió un recurso penal. César apareció, luego volvió a desaparecer. En los siguientes tres años se le buscó para notificarle, pero ya no se dejó ver.
No obstante, el último escrito que su expareja presentó en noviembre de 2021 argumentaba que él nunca había dejado en abandono al niño, que sí le daba dinero en efectivo y que era la mamá quién le negaba la convivencia.
“Es la clásica conducta para negar su abandono, tratar de desacreditar a las mujeres con la supuesta negativa de convivencia y prolongar los procesos legales”, expresó.
El mismo proceso, expuso, está hecho de tal manera que la mujer desista, porque en el transcurso se va dando cuenta que simplemente no hay formas.
LEY SABINA
El pasado 29 de agosto, el Congreso de Sinaloa aprobó reformas constitucionales para establecer como requisito que los hombres que quieran ser candidatos a un puesto de elección popular no deberán aparecer en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Sin embargo, actualmente la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Coahuila y Guerrero son los únicos con un registro de esta naturaleza.
A nivel federal se impulsa la Ley Sabina, una iniciativa que consta de 40 reformas a la Constitución y al Código Civil Federal para crear un padrón nacional de deudores alimentarios y que sea de consulta pública. También busca prohibir a un deudor alimentario sacar una licencia, un pasaporte o un crédito y postularse a un cargo público.
Asimismo, plantea como delito grave abandonar a una mujer embarazada.
Según el Inegi, los hombres han dejado en abandono más de 11 millones 400 hogares. Además, siete de cada 10 hombres divorciados en 2020 no cumplen con la pensión. Y de esos siete que son demandados por pensión alimentaria, sólo uno es obligado a cumplir.
Asimismo, de los casos que conoce el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios, 40 por ciento corresponden a varones que abandonaron a sus parejas cuando estaban embarazadas, dejando hijos en gestación y recién nacidos sin reconocer. Y 70 por ciento de los casos tienen como principal cómplice a la misma familia del deudor.
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