México importa casi la mitad de los alimentos que consume, así como la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustibles para la agricultura. El diagnóstico está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la llamada Cuarta Transformación. Y también la meta: romper esa tendencia con al menos dos programas para lograr la ansiada autosuficiencia alimentaria nacional.
Sin embargo, en el primer año de su puesta en marcha ambos programas funcionaron a ciegas: sin reglas de operación, sin indicadores adecuados, sin información para medir su cumplimiento, sin padrones confiables, sin mecanismos para prevenir actos de corrupción y con tres mil millones de pesos sin comprobar, revelan dos informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019.
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Uno es Producción para el Bienestar, que administra directamente la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y otorga apoyos económicos a productores agrícolas para dotarlos de liquidez y elevar la producción nacional de granos, café y caña de azúcar.
El otro es Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, a cargo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), organismo descentralizado de la Sader. Éste busca incrementar el ingreso de los productores pequeños y medianos de maíz, frijol, arroz, trigo planificable y leche, comprando su producto a un precio pactado de antemano y superior al del mercado. El diferencial es pagado como un subsidio por parte del gobierno.
En este último caso el órgano fiscalizador encontró las mayores anomalías, empezando porque Segalmex gastó ocho mil 100 millones de pesos en 2019 cuando en el Presupuesto de Egresos sólo se habían autorizado seis mil millones.
Del total ejercido, la dependencia sólo pudo acreditar el destino de tres mil 924 millones en 45 mil 300 subsidios para la compra de maíz, frijol, arroz y trigo y otros mil 149 millones en gastos de operación.
La Segalmex no pudo acreditar el destino de los tres mil millones de pesos restantes.
Los mil 149 millones destinados a gastos de operación corresponden a 14.2 por ciento del gasto total del programa, cuando Segalmex sólo podía dedicar a este propósito un máximo de cinco por ciento.
Los apoyos que sí se pudieron comprobar se destinaron en su mayoría a grandes productores, en lugar de los pequeños y medianos a los que está dirigido. En el caso del maíz, los productores con mayores ingresos concentraron 68 por ciento de los subsidios; en el caso del frijol y del arroz, la mitad, y en el caso del trigo planificable, acumularon 41 por ciento.
No fueron los únicos problemas que encontró la Auditoría. La Segalmex careció de un padrón completo tanto de la población objetivo como de los beneficiarios del programa y tampoco acreditó que el total de beneficiados cumplieran con todos los criterios de elegibilidad.
Operó además sin un programa de adquisiciones por producto, no dispuso de un programa de acopio calendarizado de los destinos y cantidades de granos, no acreditó los informes y resultados de las tomas físicas de inventarios, no contó con mecanismos para el control de los inventarios ni de las mermas por producto y tampoco informó sobre el destino del maíz y la leche que fueron acopiados mediante el programa. También careció de metodología para fijar precios de garantía.
En lo que respecta al programa Producción para el Bienestar, el órgano fiscalizador advirtió “riesgos de corrupción” que pueden afectar su operación como que los beneficiarios no están obligados a cumplir con los objetivos al no existir sanciones en caso de incumplimiento, o que el personal de ventanilla encargado de atenderlos podía condicionar los apoyos.
Pese a ello, “los controles establecidos por la Sader para mitigar los riesgos de corrupción no fueron suficientes ni adecuados”, indica la ASF.
Se identificaron también apoyos que fueron entregados hasta el final de la época de siembra y no antes del ciclo agrícola, principalmente a productores en zonas indígenas de alta o muy alta marginación, además de que el programa tuvo mecanismos débiles para garantizar la calidad, confiabilidad y autenticidad de la información de los padrones de beneficiarios, revela el órgano fiscalizador.
Esto se hizo evidente porque en tres mil 246 apoyos, equivalentes a cinco mil709 millones de pesos, no se identificaron los tipos de cultivos subsidiados en tanto que en otras 14 mil ayudas, que sumaron 51 mil 770 millones de pesos, no se identificó el tipo de productor.
El programa tampoco consideró fuentes alternativas de ingresos para que los productores lograran una mayor autosuficiencia económica y no dependieran siempre de este apoyo con cargo al erario.
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