La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas en México carecen de controles civiles que prevengan violaciones a los derechos humanos, aseguró el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.
“La delegación del Grupo de Trabajo sostuvo que las Fuerzas Armadas mexicanas, la Guardia Nacional y agencias estatales y municipales están frecuentemente implicadas en detenciones arbitrarias. Carecen de los controles civiles e independientes necesarios para garantizar la prevención y la rendición de cuentas”, dicen las observaciones preliminares de la visita oficial a México del Grupo de Trabajo.
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Entre el 18 y 29 de septiembre, el Grupo integrado por Miriam Estrada-Castillo, Matthew Gillet y Ganna Yudkivska realizaron una gira de trabajo donde se reunieron con representantes del Ejecutivo federal, Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y visitaron 115 centros de reclusión en Ciudad de México, Nuevo León y Chiapas.
En estos días documentaron casos de violencia ejercida por autoridades, como uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura e incluso desapariciones forzadas.
“En México, el uso de fuerzas militares para llevar a cabo actividades de policía pública a nivel federal, estatal y municipal es bastante frecuente. Según informes, hay más de 100 mil soldados realizando tareas policiales de seguridad pública, así como de aspecto migratorio, eso se relaciona con un aumento de violencia en contra de los detenidos y con un aumento en las desapariciones y muertes”, mencionó Miriam Estrada-Castillo.
La abogada de profesión advirtió que estas acciones son ejecutadas por las autoridades como una herramienta para obtener confesiones que ayuden a inculpar a otros presuntos sospechosos o a obtener posibles pruebas.
Asimismo, destacó que en el caso del personal militar que ahora integra la Guardia Nacional, aunque recibe capacitaciones sobre derechos humanos, éste sigue cayendo en violaciones de derechos humanos al momento de realizar detenciones.
“Aunque recibe capacitación en materia de derechos humanos y en la forma de obtener sus pruebas aún se observa que se siguen recibiendo informes relacionados a la violencia en las detenciones y detenciones arbitrarias por parte de este personal militar”, acusó.
Estrada-Castillo externó que frente a esta situación el Grupo de Trabajo de la ONU “encuentra muy importante que los detenidos sean entregados con prontitud a la autoridad civil, al fiscal o al juez más cercano para cumplir con los requisitos adoptados por México respecto a los derechos humanos en el ámbito internacional”.
A pesar de esta situación, la delegación de las Naciones Unidas vio positiva la existencia de casos en donde agentes de seguridad que cometieron arbitrariedades fueron sometidos a un procedimiento judicial en donde incluso se dictaron sentencias condenatorias, como parte del esfuerzo nacional en terminar con estas prácticas.
Las observaciones presentadas por el Grupo de Trabajo, en donde también denunciaron la criminalización de la portación de cantidades relativamente bajas de droga, un eventual recorte presupuestario al Poder Judicial y el uso de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo, se dan ante la insistencia del gobierno federal de mantener a la Guardia Nacional bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El Sol de México publicó el jueves que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena promueven que el Congreso apruebe una reforma constitucional para que el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Públicamente, en las reuniones en el Senado, los militares nos han dicho que quieren que el mando operativo y administrativo esté en la Sedena. No lo vamos a permitir. Se requieren de los votos porque debe ser por mayoría calificada una reforma constitucional y lo que les hemos dicho es que la Guardia Nacional tiene que ser civil”, dijo el senador panista Damián Zepeda sobre esta intención.
También documentado por este diario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró que hasta el primer cuatrimestre del año se habían presentado al menos 81 quejas por tortura o tratos crueles por parte de las autoridades.
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“A diferencia de lo que sucedía durante los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, ahora no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco, que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico, tampoco existe hoy en México un narco Estado como lo padecimos”, dijo el 1 de julio pasado en su último informe público.
El Grupo de Trabajo de la ONU dará a conocer sus conclusiones finales en un informe que prevé entregar en septiembre de 2024, aunque previo a ello urgió al gobierno nacional a cerrar las brechas de rendición de cuentas y a cumplir con el pago de indemnizaciones a las víctimas.
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