Un grupo de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar el caso de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 se reunirá con el equipo del presidente electo de México para analizar su retorno al país y replantear sus pesquisas, dijeron tres fuentes.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó entre 2015 y 2016 dos informes que sostenían que la versión del Gobierno actual que afirmaba que los jóvenes fueron quemados en un basurero en el estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos, estaba plagada de errores.
Dos de las fuentes consultadas por Reuters dijeron por separado que la reunión, que se llevaría a cabo el próximo mes, tendría como fin analizar el retorno de los expertos designados por de la CIDH para replantear la investigación, una solicitud de los padres de los jóvenes estudiantes de magisterio.
"Ya han iniciado los contactos entre el GIEI y el gobierno entrante para analizar su posible regreso", dijo una de las fuentes.
Otra fuente, que forma parte del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, confirmó el encuentro sin dar más detalles. El mandatario asumirá el poder el 1 de diciembre en medio de un recrudecimiento de la violencia ligada al crimen organizado.
Los expertos dijeron en su momento que la mayoría de los testimonios de supuestos criminales que habrían participado en la desaparición de los jóvenes fueron obtenidos bajo tortura y que también hubo serias fallas en las pesquisas por lo que se debería revisar completamente el caso, que remeció al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Peña Nieto insiste que estudiantes fueron quemados
Pero el miércoles, en un mensaje a la nación, Peña Nieto volvió a respaldar esa versión.
"Había evidencias claras y contundentes (en la investigación de la fiscalía nacional) de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial", sostuvo el presidente, al tiempo que admitió que durante su sexenio no se logró aminorar la violencia en el país.
El Gobierno ha insistido en defender la llamada "verdad histórica" que apunta a que los estudiantes fueron incinerados, pese a que las amplias investigaciones tanto del GIEI, del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y de otros expertos internacionales lo descartaron.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, que representa legalmente a las familias de los jóvenes, hizo el miércoles un llamado, en un comunicado, a que el gobierno entrante "demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio".