La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) consideró que es admisible que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es “admisible” dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México.
Así lo informó en un comunicado la dependencia a cargo de Rosario Piedra cinco días después de que el Senado de la República aprobó la iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que es considerada por organizaciones civiles como Amnistía Internacional o la propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU-DH) como preocupante, por dejar que los militares tomen el mando en labores de seguridad pública.
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“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la SEDENA puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, expuso.
El pronunciamiento, que fue ampliamente solicitado por la sociedad civil, luego de que el 3 de septiembre aprobó la iniciativa presidencial, es contrario a lo expresado en días pasados por seis de los nueve consejeros consultivos de la CNDH quienes solicitaron a la presidencia del organismo presentara una acción de inconstitucionalidad contra la eventual aprobación en el Senado.
Lo anterior, porque desde su punto de vista la reforma es incompatible con la Ley Orgánica de la Guardia Nacional y con la propia Constitución, que en su artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y no militar.
También recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha “señalado de manera clara que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles” y que de hacer lo contrario se “desnaturalizaría” a la corporación suponiendo un grave retroceso.
Frente a estos argumentos, la CNDH se limitó a justificar la operatividad de las Fuerzas Armadas al señalar que las policías locales y municipales no han podido contener el avance de la delincuencia organizada en el país, además, recordó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía la Sedena y la Guardia Nacional son de las instituciones que más confianza le dan a la ciudadanía.
“La CNDH tiene claro que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores. Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador”, agregó.
En medio de la propuesta de la bancada del PRI para permitir la permanencia de la Sedena en labores de seguridad pública hasta 2029, la Comisión Nacional pidió al Congreso de la Unión revisar la normatividad de las Fuerzas Armadas en el país, para garantizar los derechos humanos y un mando civil en la Guardia Nacional.
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Asimismo, adelantó que promoverá una reforma constitucional con el objeto de afianzar el carácter civil del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y un marco legal que asegure que jamás se vuelva a utilizar al Ejército como control político.
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