El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) subrayó este jueves que hay información que confirma la relación entre el Ejército y miembros del crimen organizado en la desaparición de los 43 normalistas así como la intromisión de la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones para el esclarecimiento del hecho.
“Desde un inicio (cuando se conformó la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa por parte de la FGR) observamos y documentamos, en el informe del GIEI, que hubo obstáculos iniciales para el cumplimiento del mandato de esta Unidad de Investigación”, sostuvo el experto Francisco Cox.
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Acuerdos que, dijo, fueron rotos por el propio fiscal General, Alejandro Gertz Manero.
Además, sugirió investigar la participación de la Secretaría de Marina (Semar) en la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014, pues hay evidencia que sugiere que la corporación también mantenía comunicación con grupos delincuenciales.
El órgano emanado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una de las pocas instituciones, junto con la CoVAJ que preside el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), que tiene la confianza expresa de los padres de los normalistas para investigar el hecho del que hasta ahora no ha derivado ninguna sentencia.
La presentación se da además a dos días de que se conoció que Omar Gómez Trejo presentó su renuncia a la UEILCA por diferencias en el manejo de las 83 órdenes de aprehensión giradas contra presuntos implicados en la desaparición de los jóvenes, de las cuales 21 fueron retiradas recientemente por órdenes de FGR; 16 de ellas contra mandos y elementos militares.
Sobre esto, expuso el GIEI, la intervención en las labores de la UEILCA se dio a partir del 16 de agosto, antes de la presentación del informe de la CoVAJ y de la captura del exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en su casa de las Lomas de Chapultepec por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.
De acuerdo con los cuatro integrantes del GIEI, elementos de la extinta SEIDO le quitó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa las carpetas de investigación que armó en los últimos dos años y medio que estuvo al frente del caso.
“Se ha llegado, el 19 de agosto, por personal de la antigua SEIDO y por personal de visitaduría, a despojar de las carpetas a los fiscales especiales de la UEILCA (…) algo que en nuestro criterio no están permitidas y no son lógicas frente a unidad que lleva tres años trabajando en algo y que de la noche a la mañana quitan al fiscal del caso y ponen a un fiscal que ni siquiera conoce el asunto”, acusó Angela María Buitrago, integrante del GIEI.
Lo anterior, en referencia a lo ocurrido durante la primera audiencia a la que fue sometido el exprocurador Murillo Karam, en la que el juez de control del Reclusorio Norte regañó a la parte acusatoria de no saber los pormenores del caso.
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Al respecto, pese a que desde su punto de vista el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador sí tiene la voluntad de esclarecer lo sucedido hace ya más de ocho años, señalan que la actuación de la FGR ha emulado las peores prácticas de la entonces Procuraduría bajo el mando del propio Murillo Karam.
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