Amnistía Internacional en México advirtió que el uso de Protección Federal en las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que se establecerá a partir de enero en la sede Santa Fe contraviene estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y es violatorio de derechos humanos (DDHH).
“La intención de dejar en manos del Servicio de Protección Federal (SPF) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones del CIDE sede Santa Fe; contravienen los estándares internacionales en materia de seguridad ciudadana y DDHH en recintos educativos o de carácter académico”, señaló a través de un comunicado.
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Esto en respuesta a la decisión tomada por la administración de José Antonio Romero Tellaeche, director general del CIDE, quien el pasado 17 de diciembre anunció su decisión de usar el servicio de vigilancia federal en las instalaciones del CIDE a partir del próximo año.
“Se comunica que, para el periodo del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023, se contará con los servicios del órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal Servicio de Protección Federal” que es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que se encarga de la seguridad de las instalaciones estratégicas del país, informó mediante un comunicado.
Ello pese a que desde el pasado 29 de noviembre se mantienen tomadas dichas instalaciones por alumnos que exigen su destitución del cargo, así como un nuevo proceso de selección de la dirección general en la que participe una asamblea integrada por alumnos y maestros.
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Por ello Amnistía Internacional aseguró que se mantendrá vigilante para que se respeten los derechos humanos de las “personas que están ejerciendo su derecho a la protesta, a la libre manifestación y a la reunión pacífica en las instalaciones del CIDE”.
Desde el mismo 17 de diciembre la Comunidad estudiantil manifestó su rechazo a esta medida tomada por el director del CIDE de cambiar la seguridad privada de la sede, compuesta por elementos femeninos desarmados, por elementos federales de seguridad.
“Anunciamos que nos acercaremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar su acompañamiento ante tal desplante de autoritarismo. Así mismo, hacemos un cordial llamado a las y los Senadores que nos escucharon hace unos días y que legítimamente se manifestaron preocupados por nuestra integridad, a que condenen desde el ámbito de su representación estas acciones”, informaron.
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