El Senado aprobó la reforma para agregar la extorsión, producción y distribución de drogas sintéticas, incluido el fentanilo, y el contrabando o cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva incluidos en el artículo 19 de la Constitución.
Con 94 votos a favor ーincluido el del panista Juan Antonio Martín del Campoー y 34 en contra, la Cámara Alta avaló la décima reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador y ésta fue enviada a los Congreso locales, donde requiere el aval de al menos 17 para ser declarada constitucional por el Congreso de la Unión.
Los senadores también avalaron prisión preventiva para la ilegal introducción y desvío, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento de precursores químicos y sustancias químicas esenciales, drogas sintéticas, fentanilo y derivados; los delitos contra la salud y del libre desarrollo de la personalidad.
Así también blindaron la aplicación de la prisión preventiva para los delitos contenidos en el artículo 19 de la Constitución con una cláusula en la que se establece que “para la interpretación y aplicación de las normas previstas en este párrafo, los órganos del Estado deberán atenerse a su literalidad, quedando prohibida cualquier interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar, suspender o modificar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial”.
Al arrancar la discusión, la senadora Claudia Anaya, del PRI, presentó una moción suspensiva para detener la discusión, pues recordó que la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) sentenció al estado mexicano para eliminar el arraigo y la prisión preventiva y con la advertencia de que afectará a los más pobres, sin embargo, los senadores de Morena y aliados rechazaron la propuesta.
Las bancadas de Morena, PT y Partido Verde acusaron a los senadores de oposición de defender presuntos criminales con su rechazo a la prisión preventiva, principalmente a los que utilizan facturas falsas que, afirmaron, provocan un daño al erario de 338 mil millones de pesos que dijeron podrían destinarse a programas sociales.
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“Algo que ha caracterizado (a la oposición) es esta pasión por defender factureros o por defender a la evasión fiscal”, acusó la morenista Guadalupe Chavira.
El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma sólo producirá un desbordamiento de las cárceles, pues la prisión preventiva para los delitos agregados al catálogo será automática, es decir, sin que se evalúe cada caso en particular.
“Lo que esta reforma busca es convertir a las cárceles en espacios de espera interminable para personas que ni siquiera han sido juzgados, se trata a esta gente como culpables antes de que un juez haya podido examinar su caso. Se les encierra no porque se haya comprobado su culpabilidad sino porque el estado ha decidido que es más fácil meter a las personas a la cárcel que mejorar las capacidades de investigación de sus fiscalías”, dijo.
El emcista también acusó que la reforma despoja a los jueces de la capacidad de analizar si la prisión preventiva oficiosa es realmente necesaria o proporcional a cada caso.
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El senador Marko Cortés Mendoza acusó que con la aprobación de la reforma Morena atenta “contra el derecho elemental de todo mexicano que es la presunción de inocencia" y advirtió que el oficialismo podría utilizar la prisión preventiva oficiosa para perseguir opositores; la advertencia también la lanzó el emecista Clemente Castañeda.
En tanto, el senador panista Juan Antonio Martín del Campo justificó su voto a favor de la reforma al afirmar que los ciudadanos “están cansados de la inseguridad” y de padecer delitos como la extorsión, sin embargo, presentó una reserva para excluir el contrabando de comprobantes fiscales falsos, misma que no fue aceptada.
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