La Cámara de Diputados erigida como Órgano de Acusación, encontró responsable a Rosario Robles Berlanga de formar y operar una red de corrupción desde las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que provocaron un daño patrimonial al Estado por más de 5 mil millones de pesos.
La declaratoria la hizo la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Angélica Rojas (PAN): “Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometido en el ejercicio de sus funciones de secretaria del despacho, durante el período del 1 de diciembre de 2012 y el 30 de septiembre de 2018”.
En un hecho histórico, porque el último juicio político en México fue contra José Guadalupe Zuno, destituido como Gobernador de Jalisco hace 94 años, ayer, la Sección Instructora propuso inhabilitar a Rosario Robles del servicio público por 20 años. El Senado como Jurado de Sentencia determinará si procede o no.
Juicio político que se vio interrumpido por un numeroso grupo de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados que irrumpieron violentamente al salón de plenos para demandar a gritos que el PT no modifique la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.
La acusación de la Cámara de Diputados que pasó al Senado de la República se aprobó con la unanimidad de 271 votos a favor, con la mayoría de Morena y sus aliados y la ausencia de las bancadas del PAN, PRI y PRD.
La parte acusadora: la diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena), integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, sostuvo que “la titular de ambas secretarías tuvo conocimiento de todos los hechos irregulares mediante la notificación de los informes de la Auditoría, en la que se contiene puntualmente las irregularidades” de la llamada Estafa Maestra.
La legisladora adelantó que interpondrá denuncias contra las 13 universidades implicadas en el Estado de México, Morelos, Chiapas, Zacatecas, Tlaxcala, Quintana Roo. “No podemos dejar esto como que no pasó nada”.
Ausente la acusada. En su lugar, su abogado defensor Alberto Javier Sánchez Rojas solicitó que quedara asentado en el Diario de los Debates que “a criterio de esta defensa, este juicio ha sido un atropello a los derechos humanos de Rosario Robles Berlanga como persona y mujer”.
E invitó al pleno “a que no aprueben este atropello al Estado de Derecho”.
Y enfatizó: ¡Justicia sí. Venganza no, señora Presidenta!
El presidente de la Sección Instructora, diputado Pablo Gómez Álvarez, (Morena), argumentó que actuaron sin afán de venganza. “Hoy, la Sección Instructora plantea un asunto escandaloso a la consideración del Senado para que dicte sentencia”.
Sostuvo: Nuestra acusación se basa en las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que documentó la Estafa Maestra. “Hubiera sido gravísimo que el Congreso abdicara de sus facultades. Acusamos aquí no a una persona, sino a un gobierno y la forma en que realizó la administración pública. No es un asunto personal”.
Subrayó que la presunción de inocencia siempre se respetó.
En cuanto a la defensa de la acusada, afirmó: “No hubo negación de los hechos ni de las conductas”.
La diputada Anilú Ingram Vallines (PRI) fue la única de su bancada presente. Posicionó a su bancada. Aseguró que en este juicio se violó el debido proceso y la presunción de inocencia.
El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), dijo: Estamos de acuerdo en que se haga justicia, pero ¿Rosario Robles es la única responsable de estos delitos? ¿Por qué no hay más funcionarios detenidos?
Parece que hicieron un pacto de impunidad. Se les olvidó acusar al expresidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, reclamó.
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