En México son entre 80 y 85% los contratos colectivos de protección, dijo a senadores la titular de la Secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde Luján; mientras el subsecretario Alfredo Domínguez destacó que ninguno de los 437 amparos presentados en contra de la reforma laboral y sus leyes reglamentarias ha prosperado. El Poder Judicial desechó 99 demandas por improcedentes.
La funcionaria compareció ante senadores con motivo de la glosa del primer informe de gobierno, donde se informó que se estableció una estrategia conjunto con la STPS, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria, y el IMSS, para detectar violaciones a la ley por parte de empresas conocidas como outsourcing.
La funcionaria apuntó que la subcontratación ilegal o abusiva trastoca y tiene que ver con información que poseen estos organismos, al violentar los derechos laborales de quienes contratan.
Señaló que a través de esta estrategia se realizan inspecciones de coordinación conjunta, mediante denuncias del IMSS, la STPS establece una cantidad de irregularidades, que se obligan las empresas a revertir o a pagar las consecuencias.
Dijo que entre las irregularidades detectadas es que hay trabajadores “informarles” dentro de empresas formales, que ni siquiera están con cotizaciones menores, como también se detectó, que a muchos trabajadores los registran con menos salario al IMSS para pagar menos, y les pagan por fuera, con lo que también burlan el pago de impuestos.
En la comparecencia, Alcalde Luján comentó que para la implementación de la primera etapa de la reforma laboral, aprobada en mayo pasado, se cuenta con recursos suficientes, dentro del plan de austeridad del gobierno federal, para arrancarla el próximo año, con mil 400 millones de pesos.
Asimismo, en cuanto a los amparos, Alfredo Domínguez Marrufo detalló que sólo se han otorgado cuatro suspensiones provisionales, pero ello no significa que el poder judicial haya concedido el amparo, sólo se trata, dijo, de una medida cautelar transitorio mientras se resuelve el fondo del juicio.
Las principales impugnaciones contenidas en los amparos se refieren al registro sindical, a las nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas sobre el patrimonio sindical.
“Se están amparando sobre todo contra la obligación de que se respete el voto directo de los trabajadores para la aprobación de los Contratos Colectivos de Trabajo”, precisó el subsecretario de la STPS.
Otro de los puntos más controvertidos por los dirigentes sindicales es en relación a la posibilidad de que los trabajadores pidan que nos les descuenten cuotas.
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