Ante un eventual cambio a la figura jurídica de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) defendió este recurso judicial y aseguró que si es acotado se podría generar impunidad de parte de delincuentes, quienes saldrían libres.
Ricardo Mejía, subsecretario de la SSPC al abordar el tema de la PPO, expresó que al eliminarla no solo se volvería a la puerta giratoria (cuando el presulto delincuente queda en libertad y vuelve a delinquir), sino que sería dejar una puerta abierta.
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"Podríamos hablar de una puerta abierta, porque 92 mil personas que hoy en México están sujetas a prisión preventiva por delitos graves”, aseguró.
Asimismo, dijo que, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, o también delincuentes de cuello blanco, “podrían solicitar mediante amparo ser excarcelados, con lo cual habría una gran impunidad”.
Para argumentar utilizó ejemplos de algunos casos en los que la prisión preventiva como familiares de "El Lunares", líder de la Unión Tepito, quienes se ampararon contra la prisión preventiva oficiosa y que, al ser eliminada, podrían quedar en libertad.
Por otro lado, explicó que la liberación de Rafael Caro Quintero se debió a "irregularidades de un juez".
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, pidió en febrero pasado que se replanteara la PPO, debido al aumento de la aplicación de esta medida.
En la Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales presentó un proyecto para eliminarla, al considerar que es desproporcionada y automática, ante lo cual la SCJN debatirá este 5 de septiembre si se debe considerar inconstitucional.
Durante 14 años nadie levantó la voz contra la PPO: Jesús Ramírez
El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, defendió este viernes la figura judicial de la Prisión Preventiva Oficiosa (PPO) y aseguró que cuando fue aprobada la medida cautelar nadie levantó la voz para ponerse en contra de ella.
Además aseguró que existe una campaña mediática en contra de la PPO y que quienes piden que se acote el recurso están defendiendo el debido proceso pero “no piensan en las víctimas”.
En febrero de 2019, los legisladores oficialistas avalaron con su mayoría ampliar el catálogo de delitos que ameritaban la PPO por instrucción del presidente López Obrador.
Entre los crímenes que ameritan actualmente cárcel preventiva con la reforma lopezobradorista está: la corrupción, el uso de programas sociales con fines electorales y el robo de combustible, entre otros.
Ramírez puso como ejemplo de PPO el caso Acteal, mientras aseguró que desde que el actual gobierno aprobó ampliar los delitos para esta medida cautelar no se han violado los derechos humanos de nadie ni se han realizado cateos o cometido masacres por las fuerzas de seguridad.
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