Hasta 9 años de prisión y multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), propone el Partido Verde en la Cámara de Diputados para funcionarios que tramiten faciliten o promuevan el acceso a vacunas de manera indebida.
La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM), señaló que su propuesta adiciona un artículo 462 bis a la Ley General de Salud para castigar al funcionario que promueva de manera irregular la inmunización para él, alguno de sus familiares, amigos o conocidos.
Lamentó los casos en el Estado de México y Coahuila, donde servidores públicos obtuvieron de forma indebida la vacuna contra el SARS-Cov-2, que representa un abuso y falta de empatía hacia los grupos prioritarios como el personal médico de primera línea de combate al Covid-19 y los adultos mayores.
“Este tipo de acciones no deben permitirse y merecen castigo. La vacuna en México es universal y gratuita. Su acceso tiene que realizarse de manera ordenada y conforme lo disponga la autoridad sanitaria.
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Actualmente, la Ley General de Salud no prevé sanciones para quienes accedan de manera indebida a las vacunas contra el coronavirus. Consideró necesario actualizar la legislación, para aplicar penas más severas a quienes se aprovechan de algún cargo público para recibir la inmunización.
Vigilar precios oxígeno y de ambulancias
Por separado, el diputado Antonio Ortega Martínez, a nombre de su bancada del PRD, presentó un punto de acuerdo, para exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a vigilar precios del oxígeno médico en toda la República.
“Resulta inaceptable permitir que se haga negocio a través de la tragedia. Y no solo con los precios del oxígeno médico sino también con los servicios de ambulancias y venta de medicamentos, debido a su escasez”, explicó.
También comentó que “el discurso oficial desde Palacio Nacional, revela que la estrategia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se preocupó más por no saturar los hospitales que en procurar que la población no se contagiara”.
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Es decir, la Secretaría de Salud sólo se abocó en administrar su capacidad hospitalaria y esto obligó a miles de pacientes a tratarse en sus hogares.
Por lo que destacó la importancia de que la Profeco cumpla con sus funciones de defensa de los consumidores afectados no solo en sus ingresos sino porque ahora tienen que empeñar sus bienes o endeudarse para sufragar los altos costos que provoca el combate contra el Covid-19 a sus seres queridos.
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