El grupo parlamentario de Morena plantea, a través de una iniciativa con proyecto de decreto, un sistema de rotación de jueces y magistrados de distrito con el que se pretende disminuyan los actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación.

La iniciativa presentada por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, contempla una reforma al artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el que la Comisión de Adscripción de este órgano implementará un programa de rotación en el que se asegure que, ningún magistrado de circuito o juez de distrito, permanezca menos de tres años ni más de seis en el mismo lugar de adscripción por competencia territorial.

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Asimismo que dicho programa se regirá bajo los principios de objetividad e imparcialidad y en criterios de profesionalismo, eficacia y eficiencia, y con el que se “contribuirá a dar certeza de los tiempos en que ha de realizarse ese cambio de adscripción, y a que este movimiento no dependa de otros criterios o intereses, sino del mandato de la propia ley”.

El senador de Morena plantea que es de suma importancia garantizar la procuración de justicia, así como eliminar casos de corrupción detectados, que en gran medida se deben a la duración indefinida de los jueces y magistrados, de la relación que adquieren a través de los años con los litigantes y del nepotismo que subyace en múltiples casos, como se ha reportado por algunos organismos de la sociedad civil, como Mexicanos Contra la Corrupción.

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“No se debe perder de vista que en las democracias contemporáneas el Poder Judicial se convierte en la institución primaria que protege los derechos y cuida la aplicación de la Constitución y la ley para, de esta manera, controlar los excesos y abusos en el ejercicio del poder. Cuando una judicatura no funciona o funciona mal, el Estado de Derecho, en su conjunto, deja de funcionar, pues al no haber certeza sobre la aplicación de las normas, los derechos quedan desprotegidos y el poder no encuentra límites”, sostiene Monreal Ávila.

Por su parte, defiende que con esta acción legislativa no se vulnera el derecho de estabilidad en el empleo ni la inmutabilidad en las condiciones en el trabajo, pues a los sujetos a los que va dirigida la iniciativa son funcionarios públicos, por lo que sus nombramientos “no se concretan mediante un acto unilateral (aunque sea discrecional), emitido por la persona facultada para hacer la designación, sino en la aceptación del cargo, de manera voluntaria”.