El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, frenó de manera indefinida la aplicación del Plan B electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al aceptar a trámite una controversia constitucional interpuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE), el ministro del Alto Tribunal estimó que la aplicación de las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión el mes pasado podrían violar los derechos políticos-electorales de la ciudadanía, por lo que concedió la suspensión solicitada por el organismo.
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Lo anterior imposibilita, de momento, que se pueda avanzar en la aplicación del decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y por el que además se expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Laynez Potisek, quien se encargará del análisis de este asunto, dio un “plazo legal”, que normalmente abarca 30 días, para que las Cámaras de Diputados, Senadores y la oficina de la Presidencia presenten su contestación y argumentos en contra de la medida solicitada.
Esta es la segunda ocasión que un ministro de la SCJN acepta y concede una suspensión a favor del INE en contra de las reformas electorales del presidente López Obrador.
El primero de marzo pasado fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien aceptó a trámite una controversia similar interpuesta por el organismo electoral, pero en contra de la primera parte del Plan B, el cual fue aprobado por el Congreso en diciembre.
Dicho recurso buscó frenar las modificaciones aprobadas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, en las que, entre otras cosas, amplió la definición de propaganda gubernamental y puso un límite a los gastos destinados a propaganda gubernamental por parte de los ayuntamientos, ya que, dijo, invaden sus facultades y transgreden su autonomía.
Anteriormente, el mismo ministro concedió una suspensión a favor de los partidos de oposición para que no se apliquen esas mismas modificaciones en el Estado de México y Coahuila, debido a que “podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático”.
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