Para evitar ser separados de sus cargos y enfrentar la justicia, el jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, así como a la secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda, tuvieron que cumplir sentencias de jueces federales, de lo contrario, corrían el riesgo de ser acusados de desacatado.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retiro dos incidentes de inejecución de sentencias en los que se proponía destituir del cargo y consignar ante un juez federal al delegado en Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, así como a la secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda.
Ello, luego de que ambos cumplieron con la orden judicial que les obligaba a cumplir, en el primer caso atender un sentencia en 2015, sobre una orden de visita de verificación de construcción y edificación.
En el caso de la secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda, un juez le ordenaba basificar a dos empleados e inscribirlos al IMSS.
Al igual que en el caso del delegado en Venustiano Carranza, -quien fue destituido por desacato- el ministro Javier Laynez proponía que delegado en Gustavo A Madero, fuera destituido del cargo y consignado penalmente ya que no atendió un mandato judicial que le ordenaba atender un sentencia en 2015, sobre una orden de visita de verificación de construcción y edificación.
En la sesión de este jueves, la Corte informó que a las 15:16 horas de ayer, el Tribunal de Justicia Administrativo de la Ciudad de México, informó al alto tribunal que el delegado había cumplido con lo mandatado por la Jueza Decimoquinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
En el caso de la secretaria de Cultura del gobierno federal, María Cristina García Cepeda, el proyecto del ministro Fernando Franco González Salas, pedía fuera destituida y consignada toda vez que se negó a basificar a dos empleados e inscribirlos al IMSS.
En los antecedentes, se lee que en 2004 se emitió un laudo en el que condenó a basificar a Alberto y Javier Ortiz Hernández, con la categoría de tramoyistas, y a Pedro Ávila Jiménez, con la categoría de asistente técnico, así como inscribirlos al IMSS.
La autoridad responsable omitió cumplir con lo establecido en el laudo, omitió pronunciarse y girar oficios, según el proyecto.
En este caso, la Corte informó que a las 23:00 horas del pasado 8 de noviembre, se recibió oficio del tribunal de conciliación, que tuvo por cumplido el laudo respecto a los dos quejosos.
De esta forma, ambos ministros retiraron sus proyectos para analizar si efectivamente se cumplió con lo mandatado por los tribunales.