Tras la promulgación de la Ley de Seguridad Interior por parte del Ejecutivo federal, es tiempo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el poder del Estado mexicano responsable de salvaguardar la constitucionalidad de nuestra Carta Fundamental se exprese y con sensatez emita su resolución respecto de dicho ordenamiento, aseguró el senador de oposición, Miguel Barbosa Huerta (PT-Morena).
Vicecoordinador político de dicha bancada señaló que luego de la publicación de esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad. Si esto ocurre, será el momento en que la Corte tendrá la última palabra en este tema.
No obstante, consideró que la afirmación del Presidente de la República en el sentido que esperará la resolución de la SCJN para aplicar la ley, más paree un desafío que un acto de responsabilidad. “Mal hace el Presidente al rivalizar con la sociedad y mal haría la Corte al someterse a los intereses del Poder Ejecutivo”, expresó.
Refirió que pareciera que todos los argumentos de los representantes de organismos nacionales e internacionales, como la CNDH, la ONU, la OEA y otras defensoras de estos derechos, activistas, periodistas, académicos, están inscritos en un idioma que el gobierno federal no entiende o mejor dicho, entiende, pero simplemente los ignora.
Afirmó que en estos momentos, el gobierno no calibra adecuadamente el impacto social de estas decisiones. “Apuesta a que con las fiestas decembrinas y el nuevo año, el tema quedará olvidado, como ocurre con varios tópicos de la agenda nacional; pero se equivoca. La respuesta y crítica no cesa, por el contrario, son cada vez más las voces que alertan sobre los riesgos que implica esta ley”.
Luego externó: “Ya veremos sí desde el poder se intenta disuadir a la CNDH de promover eta acción de inconstitucionalidad o bien se ejerce presión a los legisladores de la Cámara de Diputados o en el Senado de la República para que no se logre un tercio de cada una de las cámaras para ejercer el precepto de la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior”.
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