El gobierno mexicano registra deficiencias en su estrategia contra la corrupción, de acuerdo con un reporte clasificado al que tuvo acceso Reuters y que fue preparado previamente a una evaluación internacional por los esfuerzos para combatir el lavado de dinero.
El documento estima que el narcotráfico, delitos fiscales y otros crímenes generan al menos 1.13 billones de pesos cada al año (58 mil 500 millones de dólares), monto que además es susceptible de ser sometido a lavado de dinero.
En octubre de 2016, el gobierno mexicano publicó una versión oficial mucho más breve de los hallazgos, en la que describió el riesgo de lavado de dinero sin entrar en detalles.
Los fondos ilícitos identificados en el reporte eran equivalentes al 6.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2014, año en que se recopilaron los datos, aunque el informe no incluyó estimación alguna del monto generado por la corrupción y otros delitos.
El reporte, de 321 páginas, fue preparado en anticipación a una evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una asociación de agencias de gobiernos dedicadas a combatir el lavado de dinero.
“Se considera que la amenaza que representan los recursos ilícitos susceptibles de ser lavados en México generados dentro de la jurisdicción es alta”, dijo el reporte.
El Gobierno dijo esta semana que la evaluación del GAFI, que todavía no se ha hecho pública, mostró que México había mejorado “significativamente” desde que el país fue evaluado en 2008, sin embargo el grupo no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se trata del primer reporte muy detallado realizado por un gobierno en México sobre el tema, dijeron expertos. El informe, elaborado con datos gubernamentales y pesquisas independientes, forma parte de una investigación más amplia sobre recursos ilícitos en el país latinoamericano.
El gobierno concluyó que México necesita “mecanismos más eficaces” para prevenir y combatir la corrupción, incluyendo leyes que completarán el Sistema Nacional Anticorrupción.
Reuters contactó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Banco de México, identificados como contribuyentes al reporte. Representantes de algunas carteras declinaron a hacer comentarios y otros no respondieron.
Tema actual
El reporte sugiere estandarizar los códigos penales estatales para eliminar diferencias en cómo las autoridades enfrentan la corrupción y mejorar la colaboración entre los responsables de implementar una política pública y de la recolección de datos.
La estrategia del Gobierno debería ser revisada para “diseñar una política pública que mejore el conocimiento del fenómeno de la corrupción en México”, se lee en el texto.
Durante las últimas décadas, escándalos de corrupción han alcanzado a importantes políticos de México, que ocupa el puesto 128 de 137 países en la categoría de ética y corrupción en el Índice de Competitividad Mundial 2017-2018 del Foro Económico Mundial.
El presidente Enrique Peña Nieto ha sido criticado por explicar que el problema de la corrupción es “un tema cultural” en México. Asociaciones civiles y legisladores de oposición dijeron que minimizó la gravedad de la situación y la responsabilidad del gobierno de solucionarlo.
En 2016, la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad calculó que la corrupción representa entre un 2.0 y un 10 por ciento del PIB, utilizando datos del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras entidades.
Los delitos fiscales representan la mayor fuente de la riqueza ilícita, según el informe del gobierno, con 484 mil millones de pesos, seguida por el tráfico de cocaína y marihuana con 404 mil millones de pesos.
El reporte no incluye en sus cálculos el tráfico de heroína y metanfetamina, que también forman parte medular del lucrativo negocio de la venta de droga de las bandas mexicanas.
Tampoco incluyó delitos de cuello blanco, como malversación de fondos públicos, uso indebido de información confidencial y privilegiada y manipulación del mercado de valores, trata de personas y armas, robo de materiales y explotación sexual.
Los resultados, aunque incompletos, contrastan con el monto de dinero asegurado en los últimos años.
Según datos oficiales, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada aseguró 11.4 millones de dólares y 543.2 millones de pesos en el combate del lavado de dinero proveniente del crimen entre septiembre 2015 y julio 2016.
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