La Guardia Nacional y el mando civil es militarización y simulación sostuvo el colectivo Seguridad Sin Guerra, al tiempo de señalar que el dictamen de la Cámara de Diputados, que plantea reformar la constitución para crear ese cuerpo militar, conlleva riesgos a la seguridad de las personas y al pleno desempeño de los derechos humanos.
El Colectivo dejó claro que implicaría constitucionalizar la militarización, profundizar una estrategia fallida en tareas de seguridad pública, ir en contra del marco jurídico internacional de derechos humanos que rige a México y, una vez más, mantener el paradigma de combatir la violencia con más violencia, lo que cierra las puertas a un modelo de seguridad sostenible, civil y profesionalizado de largo plazo y, con ello, a la construcción verdadera de paz.
En un comunicado, comentaron que la reforma constitucional con la supuesta intención de convertir la Guardia Nacional en un instrumento de seguridad pública civil, es una simulación.
Decir que el mando de la Guardia Nacional es civil es una mera formalidad sin sustancia. El dictamen y las propuestas para modificarlo, crean un cuerpo de carácter militar, con facultades de realizar de forma permanente tareas de seguridad pública. La creación de un nuevo cuerpo de seguridad debe garantizar su inequívoco carácter civil. Para ello es innecesaria una reforma constitucional.
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La naturaleza de la Guardia sigue siendo militar
Detallaron que la propuesta del nuevo gobierno y la mayoría legislativa, con todo y las propuestas de cambios que circulan, faculta expresamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar tareas de seguridad pública, al establecer cambios en el artículo 21, afirmando que la Guardia Nacional forma parte “de la dependencia del ramo de la defensa nacional en lo que respecta a estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación.”
Además, en la propuesta para el artículo 13, se establece el fuero militar para la Guardia Nacional al señalar que “las faltas a la disciplina militar a los que incurran los miembros de la Guardia Nacional serán conocidos por las autoridades militares correspondientes”.
“Queda claro que si la naturaleza de la Guardia sigue siendo militar, llamarla civil no reducirá los riesgos latentes de violación de derechos humanos, impunidad y opacidad de operación de la seguridad pública. Mientras sea la Secretaría de la Defensa Nacional quien encabece la estrategia y operación de la Guardia, la naturaleza de la guardia sigue siendo militar. La hace, eso sí, un intento de engaño más en el que la Ley de Seguridad Interior fue solo el más reciente capítulo”, enfatizaron.
Desmilitarización paulatina de la seguridad pública
En el documento remarcaron que les preocupa la declaración del Presidente de la República al afirmar que “acerca del mando, la propuesta es que lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa”, lo cual muestra que las audiencias llevadas a cabo la semana pasada fueron una simulación así como el supuesto consenso para dotar a la Guardia Nacional de un mando civil, expresado por el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Por lo anterior, propusieron que 7 elementos basados en la convicción de que los problemas de violencia e inseguridad que vive el país deben abordarse de forma integral, sin necesidad de trastocar la Constitución.
Detallaron que se debe respetar la Constitución vigente y a los tratados internacionales, además de adoptar medidas excepcionales, como el uso del ejército en tareas de seguridad pública, sólo a partir de los mecanismos ya previstos: regulación de los artículos 29 y 119.
Además, platean la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la profesionalización de las policías civiles, ya que cualquier esquema o cuerpo de seguridad debe ser de mando y disciplina civil como establece el marco constitucional vigente y el derecho internacional aplicable.
En este sentido, se propine la elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad pública, la regularización en Ley del uso de la fuerza y el establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad.
Ante este panorama, exhortaron a los integrantes del Congreso de la Unión a rechazar el dictamen y las propuestas de modificación hechas, no aprobarlo en el periodo extraordinario que iniciaría el próximo miércoles y a replantear la discusión del modelo de seguridad que requiere nuestro país.
“La militarización es incompatible con un proyecto de construcción de paz. Si queremos reducir la violencia, debemos hacer las cosas distintas”, acotaron.
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