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El Estado Mexicano acatará las tres sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de manera concertada con las víctimas y sus representantes, siendo fiel a su compromiso con la Convención Americana de Derechos Humanos, así como con el respeto, promoción y protección de los derechos humanos, afirmó la cancillería.
En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General de la República, señalan que el gobierno de la República refrenda su responsabilidad con el pleno respeto de los derechos humanos, al reconocer las sentencias de la Corte Interamericana.
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Mencionó que el 20 y 21 diciembre de 2018, la Corte notificó al Estado mexicano las sentencias relacionadas con los casos Alvarado Espinoza y otros vs. México, Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México y Trueba Arciniega y otros vs. México.
El primer caso versa sobre la responsabilidad del Estado mexicano derivada de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, por parte de agentes estatales en el Ejido Benito Juárez, Chihuahua, desde el 29 de diciembre de 2009.
Mientras que en el caso de las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco se relaciona con actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, cometidos por agentes estatales en contra de once mujeres, en el marco de las detenciones y traslados realizados en operativos policíacos que tuvieron lugar en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, respectivamente.
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El caso Trueba Arciniega, se refiere a la ejecución extrajudicial del joven Mirey Trueba Arciniega el 22 de agosto de 1998, por parte de agentes estatales en el estado de Chihuahua. En este caso, el Estado mexicano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con los representantes de las víctimas, por lo que la CIDH emitió su sentencia, de conformidad con las medidas de reparación acordadas y que serán atendidas puntualmente por el Estado.
El Estado mexicano da prioridad a la atención, investigación, persecución y castigo a todos los casos de desaparición forzada, para garantizar la no repetición de estos hechos.
Por esta razón, señala que de manera conjunta con la sociedad civil, realiza acciones concretas para lograr la instrumentación plena y eficacia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada.
Destacan que durante este año, se creó la Fiscalía especializada en la materia y se diseñaron los lineamientos y protocolos correspondientes. El Estado mexicano reafirma su compromiso con el respeto de los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada, por lo que mantendrá constante comunicación con los familiares y miembros de colectivos de personas que luchan por la búsqueda de la verdad y el derecho a la justicia.
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