La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fueron liberadas diversas órdenes de aprehensión en contra de la conductora Inés Gómez Mont y su marido Víctor Manuel Álvarez Puga, así como en contra de otras cinco personas, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con la dependencia, que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero, además fueron liberadas las respectivas fichas rojas en contra de los presuntos implicados que huyeron del país, por lo que solo se está en espera de la respuesta de colaboración internacional por parte de las autoridades correspondientes.
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Desde noviembre de 2019 la FGR ya había iniciado las carpetas de investigación en contra de Inés Gómez Mont y se su marido, así como de otras cinco personas identificadas como Edgardo Mauricio V, Rosario A, Margarita C, Ricardo P, Mauricio R y siete empresas, de los cuales tres de ellos ya están recluidos en centros federales de justicia penal.
“Todas estas personas, físicas y morales, probablemente se coludieron para simular operaciones y dotar de recursos a esa organización criminal; bajando cargas tributarias y ocultando operaciones, dificultando, de esa manera, el rastreo de esos recursos”, señaló la Fiscalía.
¿De qué los acusa la Fiscalía?
De acuerdo con las investigaciones para cometer lo ilícitos antes mencionados estas personas celebraron diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet para encubrir “operaciones falsas y aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban”.
Esta supuesta organización criminal estaba a cargo tanto de Gómez Mont como de su marido, quienes presuntamente operaban con supuestos representantes de las empresas investigadas.
Durante la investigación se pudo obtener la información de que existía un grupo formado por Héctor Z, Armando R, José O, Ricardo C, Yareli C, quienes realizaban las operaciones bancarias a nombre de dichas empresas, informó la FGR.
Un segundo grupo que estaba integrado por servidores públicos fueron los que facilitaron ilegalmente los recursos del erario federal, celebrando contratos ilegales. “En esa estructura se encontraron individuos identificados como Eduardo G, Paulo U, Emanuel C, Jesús P y Jorge N.
Según las investigaciones cada una de esas células se integraba con las otras para realizar, de esa manera, los delitos por los que ahora se les pretende enjuiciar. Para el caso de una de las empresas que intervinieron y que se hallaba representada por su apoderado Héctor Z, esta persona recibió más de dos mil 500 millones de pesos.
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“Es fundamental en esta investigación señalar dos contratos con los Centros Federales de Readaptación Social, por dos mil 950 millones de pesos”, señaló.
Finalmente, sobre la participación de Gabriel M informó que dicha persona fue identificada como accionista de una de las empresas investigadas y, como producto de la indagatoria, se logró establecer que, mediante acta de asamblea de accionistas debidamente legalizada, vendió sus acciones de la empresa, en tiempo anterior al inicio de las operaciones delictivas.
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