El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, acusó al gobierno federal de intentar extorsionarlo con los montos de la reparación del daño en el caso Agronitrogenados, en el que se le acusa de la presunta compra irregular de una planta de fertilizantes que habría generado un daño a la Hacienda pública por de 216 millones de dólares.
En audiencia celebrada este martes en el Reclusorio Norte, el exfuncionario federal denunció lo anterior luego de que su defensa dio a conocer que la cantidad requerida por Pemex y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incrementó en 200 por ciento para llevar a cabo un acuerdo reparatorio, en el que también se incluye el caso Odebrecht.
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Esto, pues el nuevo monto requerido pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares sin justificación aparente.
“Lastimosamente, contrario a lo establecido por el Consejo de Administración (de Pemex), que estableció un monto de 10.7 millones de dólares, contrario a lo que se estableció en enero de 2022 (en un preacuerdo), el gobierno aumentó un 200 por ciento su solicitud de la reparación del daño a 30 millones de dólares”, expuso Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya.
Ante esta situación, su cliente solicitó el uso de la palabra para acusar que esta modificación se hizo a pesar de que hace más de un año Pemex y la UIF acordaron aceptar los 10.7 millones de dólares.
“Llama a la atención que se modifiquen las cantidades que la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex establecieron (…) me parece que (este cambio) es ilegal, inmoral y raya en la extorsión”, acusó.
“Acepté pagar el 100 por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño, ¿Por qué la exageración? ¿Por qué la cuasi extorsión?”, cuestionó.
Desde su punto de vista, dijo, él y su familia han sido objeto de una persecución política por lo que aceptó pagar la cantidad requerida sin que esto quiera decir que acepta su responsabilidad sobre el lavado de dinero que se le acusa.
Sin embargo, lamentó que esto no ha sido posible pues la petrolera y la UIF modificaron sin explicación el monto de la reparación del daño por lo que advirtió que, dado este antecedente , a partir de ahora ningún imputado por el gobierno federal querrá colaborar.
“Después de estos actos de autoridad, de acoso y de extorsión, ¿quien querrá, en sus cinco sentidos, colaborar con el gobierno? Parece que la política le gana a la justicia. Yo me pregunto si el señor presidente está enterado de lo que sucede aquí”, agregó.
“Parece que es inmoral para este gobierno ir a un restaurante en la Ciudad de México, pero no es inmoral e ilegal ir a restaurantes y jugar golf en Boston y Madrid”, agregó Lozoya al hacer referencia sobre que su aprehensión se debió a la cena a un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, mientras que sus jefes en la pasada administración, el expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, permanecen en libertad.
Durante la audiencia, el juez Gerardo Genaro Alarcón López cuestionó a los representantes de Pemex y de la UIF la razón de por qué incrementaron el monto de la reparación, sin embargo, ninguno de los representantes pudo justificar con peritajes o documentación.
En el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), el juzgador preguntó lo mismo a los fiscales a lo cual respondieron que ellos no participaron en ninguna de las tres reuniones que se sostuvieron al respecto.
La contestación molestó a Alarcón López, pues estimó que era irracional que en las negociaciones no participara la instancia que está llevando la investigación sobre la presunta compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
De tal manera, consideró que la postura de las autoridades de incrementar a 30 millones de dólares la reparación del daño “es dogmática, sin sustento y carece de fundamento y motivación”.
Gerardo Genaro Alarcón López decidió entonces no llevar a cabo la celebración de la audiencia intermedia y aplazarla hasta el 31 de agosto próximo con el propósito de que la FGR “cumpla sus obligaciones constitucionales” y explique la razón del aumento.
La defensa de Emilio Lozoya también buscó el sobreseimiento de la causa penal al señalar que Pemex y la UIF no pueden ser acreditadas como víctimas, de igual manera solicitaron el sobreseimiento por la prescripción del delito de lavado de dinero, pero el juez de control les negó los argumentos y desecho sus demandas.
Al salir del Reclusorio Norte, sin embargo, el abogado Miguel Ontiveros adelantó que la defensa que él representa interpondrá dos amparos por estas decisiones, asimismo, que en un eventual juicio irán “con todo”.
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“Vamos a ir con todo, a excluir la mayor cantidad de pruebas posibles, vamos a insistir en que la UIF y Pemex no tienen personalidad jurídica, vamos a insistir en que el delito está prescrito y vamos a defender a Emilio Lozoya hasta el final”, concluyó.
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