Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comenzaron el análisis de la constitucionalidad de la Ley de Seguridad interior (LSI).
De acuerdo al proyecto elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo plantea, entre otras cosas, que son inconstitucionales las facultades discrecionales para la atención de riesgos a la seguridad interior, sin necesidad de declaratoria previa, las manifestaciones injustificadas y que se pueden considerar como amenazas a la seguridad interior y que el Congreso de la Unión deberá legislar sobre la seguridad interior del país.
En la sesión, la ministra Norma Lucia Piña no compartió la acción de inconstitucionalidad que presentó la Cámara de Senadores la cual debería estar firmada por el 33 por ciento de los integrantes.
“Las constancias se advierte que aparecen 44 nombres y firmas y posteriormente se adiciona uno más que serían en total 45 senadores, de estas, las firmas plasmadas no son autógrafas, por lo que no son válidas solo habría un 33.3 senadores por lo que hace evidente la falta de legitimación”, señala la ministra Piña.
No obstante, su objeción no fue apoyada por mayoría de 10 votos por lo que las firmas de los senadores fueron validadas a pesar de que eran copias.
Los ministros legitimaron las acciones de inconstitucionalidad que promovieron diputados y senadores, así como el INAI, Movimiento Ciudadano, la CNDH, la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, demandando la invalidez del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017.
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