Más de 300 organizaciones agrupada en el colectivo “Seguridad Sin Guerra”, exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la celebración de audiencias públicas sobre las acciones de inconstitucionalidad a la Ley de Seguridad Interior, que pretende darle un marco jurídico a las fuerzas armadas ya que su ´resolución tendrá un impacto profundo en la vida del país.
En las escalinatas de la SCJN, el actor Diego Luna, dijo que en este día que se cumplen 50 años de la masacre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, reafirmamos la defensa de libertades y derechos, y no permitiremos que nuevamente se repriman las voces de la sociedad.
Mediante una misiva enviada al ministro Presidente Luis María Aguilar Morales, el actor sostuvo es fundamental que la decisión de la Corte se tome con base en la evidencia empírica y de frente a la sociedad.
“La corte demostró que el desahogo público de posturas y opiniones expertas favorecen la comprensión de su de liberación y la aceptación de la resolución por parte de la población. La resolución de los casos referentes a la Ley de Seguridad Interior, sea cual sea su sentido, sólo puede beneficiarse y fortalecerse con un ejercicio de transparencia y deliberación pública como lo serían las audiencias públicas”, puntualizó.
Enfatizó que en este día histórico que se cumplen 50 años de la masacre de 1968 en Tlatelolco, es imperativo, reafirmar la defensa de las libertades y derechos.
Por su parte, Alfredo Lecona, vocero de “Seguridad Sin Guerra” descartó que el retiro de las fuerzas armadas de las calles deba ser inmediato el 1 de diciembre, pues éste debe ser gradual, pero, argumentó, la Ley de Seguridad Interior lo que hace es dejar de lado el fortalecimiento de las policías para este fin y favorece la permanencia del modelo militarizado de seguridad pública.
“Nadie ha dicho que el primero de diciembre tienen que salir las fuerzas armadas de las calles, sabemos la problemática que tiene el país pero también sabemos que no se puede avanzar a ese retiro si no se fortalecen primero las policías y la Ley de Seguridad Interior lo que hace es dejar de lado ese anhelo de fortalecer las policías y dejar las labores de seguridad pública en el poder civil y perpetuar este modelo militarizado de seguridad pública que ya no puede ser”, indicó.
Recalco que el futuro gobierno tiene la responsabilidad de abrogar la Ley de Seguridad Interior, ya que como ciudadanos, preocupadas por la crisis de derechos humanos, por la guerra y por los efectos de la guerra, exigimos que haya responsabilidad en todos los ámbitos, en todos los poderes de Estado que tienen la decisión de ya detener la guerra, de no perpetuarla con modelos como los que propone esta ley.
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