La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evalúa presentar un recurso legal en contra de la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que pretende regular las operaciones de las fuerzas armadas en las calles y amplía sus facultades para actuar cuando se determine que existe una amenaza a la seguridad interior.
La CNDH dijo en un comunicado la noche del sábado que considera que la Ley de Seguridad Interior genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas, afecta el diseño y equilibrio entre instituciones, órganos del Estado y poderes, y posibilita que se impongan estados de excepción a la convivencia democrática entre los mexicanos.
El recurso legal llamado "acción de inconstitucionalidad" sería presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La ley fue aprobada en el Congreso el viernes pese a enérgicas críticas de organismos como la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ahora debe ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno la respalda.
La CNDH "reitera que la atención a los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajo un enfoque integral que (...) se ocupe del conjunto de factores que generan o propician las actividades delictivas, así como del desarrollo de capacidades y recursos para la efectiva persecución y combate de las actividades ilícitas", destacó.
La CNDH exhortó al presidente a formular observaciones al proyecto de ley, para desecharla o regresarla a los legisladores a fin de que sea discutida nuevamente.
Desde el 2006, diferentes gobiernos enviaron a miles de militares a los puntos más violentos del país para combatir a los cárteles de la droga ante la debilidad y corrupción de los cuerpos policíacos.
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El ejército mexicano ha solicitado una ley para regular su operación y al mismo tiempo un mecanismo que fije una fecha para regresar a sus cuarteles pues la institución no fue creada para combatir a cárteles de la droga y otros delitos.
Sin embargo, críticos creen que la ley provocaría más violaciones a los derechos humanos y violencia, así como abusos por parte de las fuerzas armadas, que en el pasado han sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otros delitos.
La ley contempla, entre otras medidas, la intervención de militares y marinos para controlar actos de resistencia, lo que activistas consideran una amenaza a posibles protestas de ciudadanos a meses de las elecciones presidenciales del 2018.
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