El Gobierno de México rechazó hoy los señalamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa y confirmó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y procurar el castigo de todos los responsables.
La CIDH replicó ayer al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, que "no acepta" su versión sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, estado de Guerrero, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
Según la versión del Gobierno, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura.
Autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), las Secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), se reunieron con representantes de la CIDH y representantes de los jóvenes desaparecidos.
La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, reconoció la colaboración del Gobierno y su atención al cronograma de trabajo establecido para el seguimiento del caso, pero subrayó asuntos pendientes que deberán ser profundizados en las semanas y meses siguientes.
"La Comisión remitirá próximamente una solicitud de información al Gobierno, a fin de integrarla en la fase de finalización de este período, para preparar un informe final de resultados del trabajo del Mecanismo de Seguimiento, en noviembre próximo", dijo Arosemena en un comunicado emitido por el Gobierno mexicano.
Alberto Elías Beltrán, subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR y encargado del despacho, reconoció la intervención del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH y agradeció su manifiesto interés para que haya plena claridad de lo ocurrido a los estudiantes.
El funcionario destacó que existe concordancia entre lo que buscan las autoridades y los familiares porque el objetivo es el mismo: que se haga justicia y que hechos como éstos no se repitan en México.
Sobre la sentencia de un Tribunal mexicano de crear una Comisión de la Verdad del caso, la PGR dijo que la recusó porque podría alterar el orden constitucional y subrayó que el asunto está en manos de la Suprema Corte de México.
La PGR destacó la importancia de avanzar en esquemas de atención a las víctimas e identificar vías que abonen la colaboración de los detenidos para conocer la verdad de los hechos y el paradero de los estudiantes.
La versión del gobierno mexicano sobre el caso fue posteriormente estudiado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que cuestionó la llamada "verdad histórica".
Los expertos internacionales denunciaron graves irregularidades en la investigación (entre ellas tortura) y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los 43 jóvenes en el vertedero no fue posible
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