Entre las líneas de investigación que realiza la Secretaría Función Pública, (SFP) por el socavón registrado en el Paso Express de Cuernavaca, su titular, Arely Gómez informó que se revisa la evolución patrimonial de servidores públicos involucrados en la construcción de la obra.
La funcionaria federal se refirió al tema porque “con justa razón, este caso ha indignado a la sociedad mexicana y ha generado que algunos actores hayan expresado sospechas sobre el posible incumplimiento de responsabilidades por parte de funcionarios públicos y particulares que participaron en las actividades relacionadas con la obra”.
Gómez González dijo que esa dependencia viene trabajando en tres rubros: investigaciones iniciadas, procedimientos en curso y auditorias.
Agregó que como primera línea de acción, en referencia a las investigaciones, el órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inició siete investigaciones tendientes a esclarecer las presuntas responsabilidades en que pudieron haber incurrido servidores públicos. Donde –agregó- se desprenden cuatro puntos, entre ellos la supervisión de obra, cumplimiento de los perfiles, información de los peritos y el por qué no se publicó el proyecto de la Obra en Compranet.
Como segunda línea, dijo que la Secretaría de la Función Pública trabaja en los procedimientos para deslindar responsabilidades en contra de tres servidores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por presunta responsabilidad en la omisión de haber atendido las advertencias de los riesgos de la obra, donde indicó que este proceso se encuentra en fase de deshago de pruebas.
En la tercera línea, la Secretaría de la Función Pública está auditando los contratos de obra pública, coordinación del proyecto, verificación de calidad y los servicios de supervisión, y que el mes pasado se ampliaron los entes auditados y ahora también se sumaron la dirección general de Desarrollo Carretero y la dirección general de Carreteras, ambas de la SCT. En el caso de las investigaciones a los siete funcionarios, dos emanaron de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública de 2015 y entre ellas se destaca fueron por pagos en exceso, por diferencia de volúmenes de obra y por no contar con autorizaciones al cambio de proyecto.
