Guanajuato, Gto. La bancada del PRI en el Congreso de Guanajuato, propuso aumentar la sanción penal para quien realice el delito de cobranza extrajudicial ilegal, además de que se inhabilite del servicio público si es un funcionario.
Se trata de modificar el Código Penal del estado para aplicar dicha sanción donde también entran en los supuestos si el delito lo realiza más de una persona, medie contrato, promesa o cualquier contraprestación.
También si se utilizan armas de fuego, intervenga un servidor público o incluso si se hay menores de edad para realizar la estafa. También si forman parte de un grupo de prestamistas y se ostente o se pertenezca a una organización criminal.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, explicó que este tipo de cobranzas tienen el fin de que sean impagables, por lo que terminan amenazando a las personas y utilizando métodos poco éticos para conseguir el cobro. Además, se utilizan nombres de instituciones para realizarlas.
El legislador comentó que existen varias formas de buscar un acuerdo, siendo las más comunes por vía telefónica, carta u algún tipo de correo (físico o electrónico) o hasta visitar al domicilio particular o laboral del deudor, con el propósito de captar la atención del moroso a fin de informarle su situación de retraso para que cumpla su compromiso de pago.
“Hoy día, no es extraño que en periódicos, revistas, medios digitales y redes sociales se ofrezcan préstamos fáciles y sin necesidad de referencias crediticias, con montos muy bajos, lo cual atrae a quienes se ven en situaciones económicas críticas, que acude a la expedición de dichos préstamos, sin imaginar que los intereses son excesivos y deben ser cubiertos a diario, por lo que el monto se convierte en algo impagable iniciando ahí su calvario de presiones, amenazas y acoso para pagar los intereses y la deuda misma, sin que se acuda a las vías judiciales”, dijo.
Dijo que, si este tipo de actos se realizan mediante un tercero, la pena o sanción debe aumentar, además de recalcar que, si es un servidor público, al mismo se le deberá inhabilitar del cargo por el mismo tiempo que sería una pena en prisión.
La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
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