Irapuato, Gto.- En Guanajuato hay al menos 600 centros de rehabilitación que operan sin las certificaciones pertinentes, mientras que sólo 45 cuentan con los requisitos para poder dar un buen servicio.
En entrevista para El Sol de Irapuato, Nicolás Pérez Ponce, presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), dijo que en el estado los anexos irregulares se han vuelto una constante que va a la alza y dijo que este es un tema preocupante dentro de la entidad, debido principalmente a múltiples situaciones que se han presentado en municipios como Irapuato, Celaya y León, en donde se han dado hechos que van desde venta de drogas, secuestros e incluso, asesinatos.
“Tenemos un problema con la proliferación de estos anexos que desafortunadamente no están con la documentación pertinente para estar trabajando”, mencionó.
Explico que se busca detener el incremento de estos centros, pues calificó como lugares peligrosos para las personas que acuden a rehabilitarse.
Nicolás Pérez Ponce, que los integrantes de los Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío han logrado que en estado sea un poco más eficiente a quién se le entregue el permiso de funcionamiento, sin embargo, resaltó que pese a esos nuevos requisitos, más de 600 centros de rehabilitación siguen trabajando de manera cotidiana.
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Y es que para el 2020, sólo había registrados al menos 300 anexos irregulares, mientras que para el 2022 ya se tenía una cuenta de al menos 600.
“Nosotros hemos venido trabajando para erradicar este tipo de lugares. A nivel estado nosotros logramos que ya no estuvieran dando el aviso de funcionamiento con la cual pone muchos candados para poder abrir un centro, sin embargo, aun con todo y eso no dejan de trabajar estos centros, hay al menos 600 centros que están trabajando y sin este permiso y estos es preocupante para nosotros y para las familias, pues estos son los centros que nosotros tenemos en semáforo rojo y en los que más ataques se han dado”, agregó.