León, Gto. La organización de derechos humanos, considera que el asesinato de una periodista que notificó al Mecanismo federal y estatal que temía por su vida, ponen en evidencia no sólo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.

Sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan.

Con rabia e indignación por los crímenes contra periodistas en el país por su impunidad, es como ve la organización el asesinato de un comunicador, al que equiparan como matar a nadie, ya que lejos de que haya investigaciones serias por parte de las Fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia, la cifra va en aumento.

En el territorio mexicano, la violencia de estado que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades.

En un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social.

Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC) documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.

Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle a López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas podía celebrar este triunfo, cuando fue asesinada cobardemente.

“Así, en México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población”, señalaba el posicionamiento.

Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida. Mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias.

Ante este panorama, las y los periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia.

Como periodistas estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad, es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado.

La seguridad de las y los periodistas también es responsabilidad del Estado y nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor sin que nuestra vida corra peligro.

Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todas y todos los periodistas.

“Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. ¡No más periodistas asesinados! ¡No más periodistas desaparecidos!”, finaliza el documento.