Luego de las quejas y denuncias que la Consejería Jurídica del Partido Acción Nacional (PAN), presentó en días pasados, la Sala Regional Especializada declaró existente el acto de violencia política cometida por Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Ignacio Mier Velazco, contra diputados federales panistas de la “Alianza va por México”.
Lo anterior lo dio a conocer el titular del PAN, Eduardo López Mares, esto luego de que a varios diputados que votaron en contra de la reforma energética fueron llamados “Traidores a la patria”.
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“A manera de antecedente el pasado 4 de agosto se había declarado existente el acto de calumnia que hizo AMLO, Mario Delgado, Citlali Hernández, el 12 de agosto se confirmó, pero revocan parcialmente a fin de que la Sala Especializada analizara la existencia de esa violencia política y el derecho de réplica, fue el 17 de noviembre cuando se declaró la existencia, pero el 7 de diciembre la Sala Superior confirmó la incompetencia de la Sala Especializada para conocer del derecho de réplica y revocó también parcialmente, fue el día 2 de enero de este año 2023 en donde ya se declaró existente la violencia política e institucional que hizo el Presidente de la República, la violencia institucional que hizo Claudia Sheinbaum y también la violencia que hizo Ignacio Mier Velasco, esto qué significa que la Sala Superior sanciona con multas a Morena”, indicó.
Aunque aseguró que no es por la cuantía de las multas, sí detalló que se multó al partido de Morena con 57 mil 732 pesos, mientras que a Mario Delgado lo multan con 19 mil 244 pesos y a Clitlaly Hernández la multan con 19 mil 244 pesos.
“Al día de hoy tenemos 12 quejas presentadas y estamos, en la etapa de investigación la autoridad está sustanciando estos procedimientos y por supuesto nosotros vamos a seguir insistiendo en que se respete el estado de derecho, que se respeten las leyes electorales de la materia y sobre todo que no haya actos anticipados por parte de las supuestas corcholatas de Morena y del presidente”, comentó.
También señalaron que a partir del pasado martes, el nombre de Francisco Ricardo Sheffield Padilla, el procurador Federal del Consumidor se encuentra ya registrado como una de las personas generadoras de violencia contra la actual alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.
“Ya se encuentra inscrito, esto qué significa, que tenía razón Acción Nacional cuando presenta esta serie de denuncias de quejas contra un violador de los derechos fundamentales de las mujeres, nosotros lo dijimos en diciembre y por ahí salieron en redes de prensa y empezaron a decir que eran falsos, nos dan la razón que denunciamos porque teníamos razón”, agregó López Mares.
PLAN B
Por otra parte, tras las modificaciones a las leyes con un plan B de la reforma electoral que pretende establecer el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares aseguró que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para frenar al presidente.
“Ese perverso plan B de AMLO, que no solamente pretende debilitar al INE, no solamente pretende debilitar la democracia del país, sino que también es un atentado en contra primero de la libertad de expresión, segundo un atentado en contra de la propia rendición de cuentas, también es un atentado contra la transparencia, contra la participación ciudadana y también un atentado contra el derecho que tenemos todas las ciudadanas y ciudadanos de escuchar lo que están haciendo sus autoridades”, señaló.
Indicó que la reforma planteada por López Obrador modifica dos leyes: la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Qué es lo que va a proponer Acción Nacional con esta defensa jurídica, precisamente vamos a presentar esta acción de inconstitucionalidad por motivos de lo que hace a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, esto atenta contra los poderes de la federación, atenta contra gobiernos estatales y municipales y organismos autónomos”, manifestó.
Mencionó que específicamente en el artículo 26 de la Ley General de Medios, establece un límite de gasto del programa anual de comunicación social, que en conjunto lo que propone la ley es que ningún ente público pueda gastar más de 0.1% del presupuesto anual que tenga cada municipio en su poder.
“Nosotros consideramos que esto es un golpe duro y directo a la libertad de expresión, es un golpe a la rendición de cuentas y sobre todo también es un golpe que están dando a los medios de comunicación, pues ahora los medios de comunicación, los gobiernos estarán impedidos por ley, para celebrar convenios de colaboración de publicidad, que permitan informar adecuada y oportunamente a los ciudadanos, por dar un ejemplo así muy claro, si un municipio destinaba un millón de pesos al año en comunicación social, ahora solamente podrá invertir mil pesos”, dijo López Mares.
“Desde PAN Guanajuato también a nivel nacional se va a presentar esa acción de inconstitucionalidad, la próxima semana el presidente nacional, con la facultad que le reconoce la propia Constitución se va a presentar esa acción de inconstitucionalidad y también vamos a estar explorando la posibilidad para que los municipios presenten la controversia constitucional”, agregó.
“Esto está comprometiendo su capacidad de informar y de difundir acciones de gobierno, mientras que el gobierno federal todas las mañanas están utilizando estas herramientas que tienen a su alcance para supuestamente hacer política y atacar constantemente a la oposición, cuál es el objetivo que tiene este plan B que del Presidente de la República será acaso matar a los medios de comunicación y que solamente sobrevivan los que replican los dichos del presidente, los que están replicando las ocurrencias que surgen desde Palacio Nacional, esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo a través de la NAC y también a través de nuestro Presidente Nacional y los diputados federales”, mencionó el diputado federal, Fernando Torres Graciano.
“Finalmente no le corresponde al gobierno hacer uso de esa garantía individual. Lo que quieren es traer al presidente en campaña, argumentando que es su derecho a la libertad de expresión. Por supuesto que las y los ciudadanos tenemos derecho a la información, pero queremos saber en qué se gasta nuestro dinero, no que opinan de los opositores”, comentó Eduardo López Mares.
UN MÉXICO VIOLENTO
Torres Graciano agregó que México ha vivido uno de los años más violentos en su historia, pues de acuerdo a las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, se cometieron más de 2 millones de delitos y en este rubro se incluye los homicidios.
Señaló que se rompió récord de víctimas de delitos como robo a casa habitación, y asalto, pues se registraron más de 300 mil y con ello sobrepasa los números del gobierno de Felipe Calderón, el cual está 70 por ciento abajo de estas cifras.
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