El Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato (IACIP) ha impuesto 16 multas a servidores públicos de dos municipios; ocho en Moroleón y ocho en Apaseo el Alto, además de 32 amonestaciones a servidores públicos de localidades del estado.
La presidenta del Iacip, María de los Ángeles Ducoing, aseguró que el motivo de las sanciones fue falta de información y no actualización de la misma en las plataformas pertinentes. Por los mismos motivos, dos partidos políticos fueron multados, cobros que se harán efectivos, a través del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.
“Lo que nosotros queremos garantizar es que la información esté arriba en la plataforma y que sea útil; este año hemos capacitado a más de siete mil servidores públicos y queremos aumentar esta meta año con año, para ofrecer un mejor servicio en nuestro servidor”, aseguró la presidenta.
Agregó, que las multas van desde 12 mil hasta 120 mil pesos, las cuales tienen que ser pagados por las personas responsables de no subir su información actualizada. El dinero que se genera se va a créditos fiscales que recauda la Secretaría de Finanzas y Administración y se utilizan para ejercen el presupuesto general del estado.
Ángeles Docoing informó que todos los municipios cuentan acceso a internet y suben su información a la plataforma la cual se encuentra en un cumplimiento general del 86%; “Hay municipios que tienen su información arriba en 99% otros que van en un 77% y otros que van muy abajo con el 34% pero se han ido actualizando”.
Mencionó que los temas que más buscan los usuarios son los contratos de las direcciones de Obra Pública, licencias, permisos, actas de Ayuntamiento y sobre todo, el destino de los recursos públicos y cómo se gastan.
INFORME
El próximo martes 26 de noviembre, a las 9:30, en el Teatro Juárez de la capital del estado se llevará a cabo el Informe anual del décimo sexto año de ejercicio, del IACIP.
En el Informe se darán a conocer los resultados del trabajo que han realizado los doce recientes meses con la ciudadanía, autoridades y organizaciones de la sociedad civil, a través de políticas públicas que han permitido llevar a cabo acciones concretar para el ejercicio de los derechos de acceso a la información.