Los protocolos de seguridad para las y los candidatos han fallado en Guanajuato y en el país, en donde tanto las autoridades electorales como las de los tres niveles de gobierno tienen responsabilidad compartida de ello, coincidieron los especialistas en temas de seguridad Juan Miguel Alcántara Soria y David Saucedo Torres en entrevista con Organización Editorial Mexicana.
Ambos coincidieron en que el más reciente asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, Gisela Gaytán, es el reflejo de que no hay comunicación entre las autoridades electorales y las autoridades de los tres niveles de gobierno, lo cual deja en un estado vulnerable a las y los candidatos, pues muchos pueden ser presionados por los grupos delincuenciales para trabajar para ellos o para dejar sus aspiraciones de gobernar a un lado.
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David Saucedo Torres, consultor e investigador en temas de seguridad nacional, explicó que aunque los mecanismos de protección están pactados y acordados, pero éstos tienen fallas, lo cual se ha traducido en que este periodo electoral sea uno de los más violentos en la historia del país.
“Estamos llegando al centenar de ataques en contra de candidatos, familiares de candidatos o militantes de partidos políticos, entonces las responsabilidades ya están definidas, son los tres órdenes de gobierno, por supuesto que la intermediación la realizan el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales estatales, pero evidentemente el mecanismo no está funcionando.
“En el caso de Gisela Gaytán, tengo entendido que había solicitado protección, pero lamentablemente ésta no llegó a tiempo y se trató de un error injustificable por parte de las autoridades del Instituto Estatal del Estado de Guanajuato, que no brindaron la protección adecuada a la candidata”, señaló David Saucedo.
Por su parte, Juan Miguel Alcántara Soria, extitular de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, destacó que tras el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, esto sólo evidencia de que no hay coordinación entre las áreas de inteligencia y seguridad estatales y federales y que ello se está replicando en todo el país.
“El primer responsable es el Instituto Nacional Electoral, que en un documento oficial había manifestado que no había riesgos de violencias para los candidatos, hay ahí una miopía, una irresponsabilidad en el INE, que no supo identificar éste y otros riesgos, que por supuesto existen para candidatos y otros posibles afectables.
“En segundo lugar también hay responsabilidades del Estado Mexicano, el Centro Nacional de Información y la Guardia Nacional, para hablar en el ámbito federal, pero también en el ámbito estatal, no se nota que haya una verdadera coordinación y colaboración en las áreas de inteligencia de los tres órdenes de gobierno, que lo debe haber, y precisamente ahí estamos encontrando consecuencias, al no reconocerse estos riesgos”, advirtió.
Hay riesgo de más violencia en proceso electoral
Juan Miguel Alcántara Soria señaló que, desde su perspectiva, las agresiones a candidatos no sólo afectan a éstos, sino a la democracia en general, pero de no haber un cambio de estrategia para contener la avanzada de los grupos criminales, el proceso electoral podría mancharse conforme vaya avanzando.
Aseguró que el país se encuentra en peligro de encontrarse con una “narcoelección”, que incluso podría repercutir en los resultados del proceso electoral.
“Por supuesto que hay un riesgo de que las mafias que ya se expresaron determinantemente en los resultados electorales de hace tres años en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán ahora lo hagan en todo el territorio nacional”.
A su vez, David Saucedo señaló que si bien el concepto de “narcoelección” no le parece adecuado, señaló que tampoco se puede negar que sí hay una participación del crimen organizado en los procesos electorales desde hace años, pero que ahora se está acentuando e incluso se está volviendo más evidente.
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“Lo que vemos es un incremento del crimen organizado en estados donde no había presencia del éste en los procesos electorales, pero todavía hay estados donde no hay participación del crimen organizado, no porque no quieran, sino porque no es necesaria, se entienden con el que quede, lo fácil es decir que es una narcoelección, pero tendríamos que definir cuál es el nivel de penetración del narco en el proceso electoral”.
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