LEÓN, Guanajuato.- Una encuesta realizada por Coparmex León en conjunto con centros empresariales de Irapuato y Celaya indica que 57 % de las empresas en Guanajuato pararon operaciones a raíz de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Los daños económicos están calculados en más de 1 mil 205 millones de pesos, reportaron 745 empresas, 40% de ellas han sufrido bajas en ventas por más de 75%.
El dirigente de Coparmex en la zona metropolitana de León, Alberto Ruenes, afirmó que “la realidad de las empresas de Guanajuato, que se refleja en la encuesta, cada vez es más complicada y por ello la necesidad de que la autoridad federal brinde oxígeno a las familias”.
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Números
Durante la emergencia sanitaria las empresas encuestadas han perdido en conjunto alrededor de 1,205 millones de pesos hasta el día 23 de abril.
El 50% de las empresas encuestadas tienen su sede en la ciudad de León, le sigue Silao, Celaya, Irapuato y San Francisco del Rincón. Las ventas han sufrido bajas por más de los 75 puntos porcentuales en casi el 40% de los encuestados.
El 57% tuvo que parar operaciones, la otra mitad sigue funcionando, pero el 73% de esos, lo hace con una plantilla menor a la con la que arrancaba el año 2020, el 47% de las empresas comenta que podría cerrar en los próximos meses si la emergencia sanitaria continúa y la situación no mejora.
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El 53% de los encuestados se muestra optimista y piensa que la situación se normalizará en el terreno económico durante lo que resta del 2020. Aunque hay un 35% que opina que será hasta mediados del año 2021 cuando se regularice la situación.
Un 24% ha solicitado un crédito bancario, 35% ha accedido a los programas de apoyo del Gobierno Estatal y solo el 17% se ha acercado al Municipio por la misma causa.
Para el 82% de las empresas encuestadas no les son suficientes , poniendo a Gobierno Federal reprobado por el 78%, Gobierno Estatal el 65%, Gobierno Municipal el 42% de las empresas.
PETICIONES
Entre las recomendaciones que destacan para hacer un rescate señalan: diferir pagos provisionales del ISR, pago temporal de servicios (agua y luz) así como los impuestos locales, créditos accesibles para todas las PyMEs.
Además de acuerdos entre trabajadores, patrones y gobierno federal para establecer un salario solidario y deducción al 100% de las prestaciones laborales.