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En el estado de Guanajuato hay dos proyectos de generación de energías limpias, que en caso de que el gobierno federal logre pararlos pondrá en riesgo 253 millones de dólares invertidos, 421 empleos y una alta mitigación de dióxido de carbono. El pasado 29 de abril, la Secretaría de Energía publicó un acuerdo que frenaba la inversión privada para la producción de este tipo de energía.
Las empresas afectadas se ampararon y el 18 de mayo obtuvieron que dicho acuerdo se suspendiera, pero la incertidumbre continúa pues el golpeteo político no permite avanzar con claridad. El llamado de Luis Serra, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del ITESM, a los ejecutivos de los estados donde existen proyectos de energías limpias es hacer un frente regional pero alejado de los medios, con un trabajo serio.
Posición del Gobierno Federal
Serra Barragán explica en qué consistió el acuerdo publicado en Diario Oficial de la Federación. “El Acuerdo para la Confiabilidad, Seguridad , Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional pone en standby los proyectos de energía renovable, energías limpias. Es un acuerdo que hizo el Centro Nacional de Control de Energías con el supuesto afán de velar por la confiabilidad del sistema algo que de alguna manera no necesariamente es del todo cierto, ya que la información que venía y básicamente toda la justificación que se hace en ese comunicado definitivamente no tiene un sustento económico para validar que efectivamente esté sucediendo”.
Agrega que “se hacen acusaciones de que supuestamente las energías renovables ponen en riesgo la calidad la confiabilidad del sistema eléctrico nacional; se hace referencia a eventos que no tienen ninguna relación con la gestión de la energía; por ejemplo, la caída de una torre de transmisión en Tabasco. O a elementos técnicos del control operativo que tienen los sistemas electrónicos de potencia de generación de energía solar y eólica y a la intermitencia que, según el acuerdo, no contribuyen a garantizar que en casos extraordinarios puedan contribuir con el resto de generadores para satisfacer la demanda de energía eléctrica”.
Serra explica que “esos señalamientos realmente no tienen sentido. Sobre la torre de transmisión, se cae por accidente justo el día del acuerdo y no tiene que ver con las energías renovables; no tiene sentido que esté en el comunicado y no tiene sentido que se
haya incluido el día que se firma el acuerdo. Lo pusieron ahí como un elemento de dramatismo”.
En analista afirma que “este comunicado tiene tres problemas: Uno, el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía) él no está facultado para emitir semejante acuerdo, en dado caso quien lo tendría que hacer es la Comisión Reguladora de Energía en conjunto con la Secretaría de Energía. El Cenace simplemente es un operador de energía”.
“Dos, aseguran que las plantas eólicas y solares no pueden contribuir en momentos de emergencia con la confiabilidad del sistema. El código de red que es uno de los instrumentos que le dan regulación a la operación, que es parte del cuerpo de las reglas del mercado eléctrico, establece precisamente que las plantas eólicas fotovoltaicas se requieren para tareas de soporte, precisamente, en condiciones de emergencia”.
“Tres, menciona elementos que son totalmente falsos. Una central convencional de un ciclo combinado de turbina de gas tiene una parte que al estarse moviendo genera una fuerza que proviene de la masa rotatoria del mismo generador; es decir, es una fuerza física que el mismo movimiento está generando. Si en algún momento hay alguna variación en la frecuencia en el sistema eléctrico, esa masa al estarse moviendo no sólo genera energía sino que la almacena temporalmente. A eso se le llama generador contribuye con inercia, lo que quiere decir que en algún momento está produciendo energía pero temporalmente almacena un poco para que en caso de emergencias pueda enviarse”.
“En el acuerdo se hace mención en algún punto que las generadoras eólicas y fotovoltaicas producen variaciones en la frecuencia de red, algo que ellos llaman oscilaciones electromecánicas. En el acuerdo se afirma que no contribuyen con inercia y eso es chistoso porque efectivamente en condiciones normales no contribuyen con inercia las plantas eólicas y fotovoltaicas pero, precisamente, porque no contribuyen con energía, tampoco pueden generar esas oscilaciones”.
“Cenar, dice que estas plantas no pueden almacenar esa energía y que tampoco pueden producir esa variación que ellos están mencionando. El acuerdo usted se lo pone a cualquier ingeniero con un conocimiento básico en sistemas electrónicos de potencia y pues no le creen, porque es mentira”.
En resumen, “el acuerdo está elaborado por un órgano no facultado, hay un claro desconocimiento de la regulación vigente y es un componente de mentiras sobre elementos técnicos básicos de sistemas electrónicos de potencia”.
Defensa de empresarios
“Por eso las empresas que están detrás de esos proyectos lo que hicieron fue a ampararse e irse tribunales para buscar la suspensión y efectivamente se logró. Además Greenpeace consiguió una suspensión para que efectivamente se revocara el acto de autoridad que había hecho la Secretaría de Energía”. En este momento, los proyectos ya tienen la autorización para que continúen haciendo pruebas o para seguir en proceso de construcción.
Pero el futuro es incierto ¿Qué sigue?
“Seguramente la Secretaría de Energía como representante del Estado mexicano y que al final del día son los que están interesados en esta suspensión, van a buscar también los proyectos jurídicos para volver a suspender estos proyectos energéticos”.
“Esto va a proceder en una estira y afloja hasta que definitivamente, conforme a derecho, con la regulación vigente y en el marco constitucional se vea que no hay razón para que se cancelen ni se suspendan los proyectos o pudiera suceder que efectivamente el Ejecutivo tome una decisión de promover en el Congreso, porque tiene mayoría, un proyecto que modifique la Ley de la Industria Eléctrica y que faculte ahora sí, con elementos constitucionales, la suspensión de estos proyectos y veríamos un ejercicio de contrarreforma energética”.
En Guanajuato
A decir de Serra Barragán, en Guanajuato hay dos proyectos de energías limpias. Una planta ya se encuentra en el proceso de pruebas. Tiene una capacidad instalada de 105 megawatts, algo así como para abastecer de energía eléctrica a 30 mil hogares. La inversión es de 158 millones de dólares; genera 263 empleos y mitigara 194 mil toneladas de dióxido de carbono.
El segundo proyecto en Guanajuato es una planta que está en construcción. Es más pequeña; tendrá capacidad de 63 megawatts; la inversión es de 95 millones de dólares y generará 158 empleos cuando esté en operación. Sin embargo, ni Serra, ni el gobierno estatal pudieron confirmar la ubicación ni las empresas propietarias.
¿Qué intereses hay detrás para frenar los proyectos de energía de particulares?
“Hay dos elementos que están detrás de esta decisión. Por un lado, el fortalecimiento de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) que tienen seis empresas de generación. La única de esas seis que no pierde dinero es la que compra energía de estos proyectos”.
“Quisieron suspender todas las demás empresas de CFE que están perdiendo dinero porque porque sus centrales son viejas y obsoletas y producen combustibles más caros. No quiere tener estas empresas nuevas para poder usar las de CFE”.
“Por otro lado, es ayudarle a Petróleos Mexicanos, pues a partir del primero de enero del 2020 tuvo problemas para vender combustóleo que es lo que mayormente se produce en las refinerías. Este combustóleo se exportaba como combustible para embarcaciones, pero a partir del primer día de este año, la regulación de la Organización Marítima Internacional limitó el contenido de azufre en el combustible y lo que produce Pemex no cumple con esa regulación”.
“Lo que sucedió es que Pemex se quedó sin compradores de su combustóleo y entonces lo que hicieron fue acomodarlo en las plantas de la CFE”.
¿Cuántos proyectos de particulares se verían afectados con el plan de suspensión del gobierno federal?
“Son 44 proyectos en 18 entidades federativas; de ellos, 28 son plantas solares y eólicas que ya están construidas, sólo están haciendo pruebas de conexión, pruebas técnicas de integración a la red para entrar en operaciones. Los otros 16 están en construcción. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Más o menos de 6 mil 400 millones de dólares en estos 44 proyectos”.
¿Otros impactos además del económico?
“Hablamos de que estos proyectos al entrar en función, más o menos estarían mitigando mes a mes, 715 mil toneladas de dióxido de carbono. Si no se permite que sigan, no sólo no vamos a mitigar estas 700 mil toneladas, sino además vamos a sumar las que generen las plantas viejas y obsoletas”.
“En cuanto a empleo, más o menos 30 mil están en riesgo. Aclarando el dato, son empleos temporales por las plantas que están en construcción. No quiere decir que estas 30 mil personas estarán trabajando en las plantas cuando estén en operación”.
Capital extranjero pero bienes nacionales
Luis Serra explica que en la intención de frenar la inversión privada en proyectos de energías limpias hay una falta de visión de parte de la federación respecto a los bienes nacionales.
“La queja es que la mayoría de los proyectos son de capital extranjero, pero ojo; las plantas de generación que se instalen en México por más que tengan capital extranjero, al final del día se consideran parte de la infraestructura nacional. Eso debe quedar muy claro porque la visión de la Secretaría de Energía, se lo digo yo que tengo varios grupos de trabajo con esta Secretaría y con la Secretaría de Economía, con Consejos para el Fomento de la Industria Nacional, en varias veces altos mandos -no puedo decirle sus nombres pero son muy altos mandos- han mencionado que las empresas que tienen plantas de generación con capital extranjero no son parte de la infraestructura nacional y eso es un error”.
“Esas plantas de generación no se las pueden llevar por cualquier capricho. Esas plantas son un activo físico; forman parte de los fierros nacionales”. “Ese es un mecanismo que se utiliza muchas veces para demeritar y para hacer alusión a aspectos negativos de este tipo de proyectos que provienen de capital extranjero; pero ojo, como son fierros y no es capital especulativo que venga a dejar una ganancia y después se vaya, es capital que va a quedar en un fierro en territorio nacional. Por eso debe ser considerada infraestructura nacional, independientemente de la nacionalidad de la empresa que haya puesto el dinero para crearla”.
Desde su óptica ¿qué le corresponde hacer a los empresarios y a los gobiernos locales para no frenar estos proyectos?
“Es importante que hagan un frente los gobiernos estatales y a nivel regional para defender la soberanía estatal pero desde una perspectiva menos mediática, con menos show y más trabajo para que estos proyectos puedan seguir más adelante”.
“Al final del día, esto proyectos tienen derramas económicas importantes en la región y son un beneficio para los consumidores y para la población local. Hace falta un esfuerzo en México para entender un poco más el sector eléctrico, con una visión menos centralizada y más distribuida que es hacia donde va el sistema eléctrico con beneficio para localidades y con mucho menos visión de centralización”.
Datos
Luis Serra barragán es profesor en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y del Tecnológico de Monterrey. Doctor en Economía por la Universidad de Warwick y Maestro en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid.
En 2014 fue distinguido como uno de los 100 líderes más influyentes del sector energético en México por la revista Petróleo & Energía. Fue Director de Investigación en el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC). Fue miembro del Consejo para el Monitoreo de los Indicadores de Desarrollo para el gobierno del estado de Jalisco y trabajó en la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación.
