En Guanajuato, a pesar de la disputa violenta que mantienen grupos del crimen organizado por el control de la venta de droga, sólo 5 de cada 100 internos que están en penales que hay en el estado están procesados o sentenciados por delitos federales; es decir, sólo 323 de los siete mil 14 presos que había en la entidad hasta el 30 de junio de 2021.
De acuerdo con datos del Tercer Informe de Gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hasta el 30 de junio de 2021, en Guanajuato había seis mil 691 personas que estaban en prisión y que habían sido vinculadas a proceso o sentenciadas por haber cometido algún delito del fuero común, en tanto que hasta ese día eran sólo 323 las personas que estaban presas por haber cometido un delito del fuero federal.
El mismo informe señala que la cantidad de personas en prisión por la comisión de delitos federales durante la administración de la llamada Cuarta Transformación ha sido de las más bajas, pues si bien en 2018 la administración federal cerró con 316 personas detenidas y procesadas o sentenciadas por delitos del fuero federal, para 2019 la cifra de la población interna en penales por estos delitos bajó a 261 y para 2020 fue de 293; el reporte indica que de enero a junio de 2021, en Guanajuato había 323 personas detenidas y procesadas o sentenciadas por haber cometido un delito federal.
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Las cifras compartidas en el mismo informe detallan que en 2010, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, había 853 personas en prisión procesadas o sentenciadas por haber cometido un delito federal; para 2011 eran 740 personas, mientras que para 2012 eran 597.
De acuerdo con Mauricio Bárcenas Bravo, doctor en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México y consultor en temas de seguridad nacional, una de las explicaciones del porqué las cifras van a la baja en cuanto a la población interna por delitos federales sería por la reclasificación de los delitos y muchos que eran del fuero federal pasaron a ser del fuero común; sin embargo, dijo que una lectura más profunda indica que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se dejó de combatir a la delincuencia organizada y por ende a los delitos del fuero federal, situación que se ha continuado en los primeros tres años de la 4T.
“No deja de llamar la atención el dato, pues tenemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se mantuvo un promedio de entre 350 y 500 pesos, cifra menor a los detenidos y procesados o sentenciados con Felipe Calderón, pero en la actual administración se llegó a tener 261 personas, lo cual habla de que no hay un combate a los delitos federales de manera frontal, particularmente a los que son vinculantes al crimen organizado, como el trasiego de drogas para comercialización, robo de hidrocarburo, que fue el génesis de la violencia, o la portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”, explicó.
Mauricio Bárcenas Bravo señaló que a pesar de que ha habido detenciones importantes en el estado, como las de células criminales con armas de alto poder, la Fiscalía General de la República no atrae los casos y las investigaciones se quedan en el fuero común, por los delitos que haya cometido con ese arsenal incautado.
“Hemos visto que han detenido a personas con arsenales que no tienen corporaciones municipales y el caso no lo toman las autoridades federales, no les interesa, y entonces ¿qué hacen las autoridades locales? Los procesan por delitos del fuero común, para que no queden libres en las calles y delinquiendo, pero deberíamos verlos procesados en lo federal, sentenciados por delitos federales, pues esa droga incautada también es la que está generando las disputas por las plazas. El escenario ideal sería que viéramos a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República disputarse a los criminales que detienen, de decir ‘lo voy a juzgar en lo federal por estas razones’, pero no, no hay un interés de atacar los delitos federales, cuando son los causantes de la violencia que vive Guanajuato”, expuso el consultor en temas de seguridad nacional.
Incrementan presos por delitos del fuero común
El reporte “Población interna de sentenciados y procesados por entidad federativa”, contenido en el Tercer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, indica que contrario a lo que sucede en los delitos federales, hay más presos procesados o sentenciados por la comisión de delitos del fuero común.
“Es el fenómeno que vemos: hay más procesados o sentenciados por delitos del fuero común, porque o les imputas otro delito del que sí los puedas dejar en la cárcel, de acuerdo a tus facultades, o los dejas ir y te van a seguir pegando y causando violencia”, explica Mauricio Bárcenas.
Los datos del Gobierno Federal indican que en 2018, en Guanajuato había cuatro mil 991 personas privadas de su libertad y procesadas o sentenciadas por delitos del fuero común, mientras que para junio de 2021 ya eran seis mil 691, es decir, mil 700 personas más en prisión.
El informe precisa que de las personas procesadas o sentenciadas por delitos el fuero común, 69% están internadas por haber cometido homicidios dolosos, 14 por cometer delitos contra el patrimonio, como robo, 14% en tanto que el resto están por extorsión, violación, corrupción de menores y otros delitos.
Proyectan nueva cárcel en Celaya
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, dijo que durante los casi tres años que lleva al frente han sido detenidos y procesados más delincuentes que todo el sexenio anterior.
Incluso, dijo que una de las obras de infraestructura en materia de seguridad será la construcción de un nuevo Cereso en Celaya, pues explicó que el actual que tiene esa ciudad ya fue absorbido por la mancha urbana y que originalmente no fue concebido como un Centro de Readaptación Social, sino que con el tiempo se fue adecuando y por ello es necesario, además de tener un lugar con mayor seguridad para dejar a los delincuentes que por mucho tiempo asolaron la región Laja-Bajío.
El proyecto de construcción del Cereso de Celaya podría ser concretado con la próxima administración municipal, pues falta detallarse el terreno que será aportado por el Gobierno Municipal para su construcción.
