León, Gto.- A una semana de la cita programada en el Poder Judicial con el representante de voceros, Alfonso Ruiz, las personas que fueron defraudadas en la compra de casas en remate se sienten desanimados, debido a que el delito de fraude no está tipificado como grave.
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Les sugirieron llevarlo tanto por lo civil como penal, pero no les garantizaban nada sobre la devolución de su dinero a través de una demanda.
El pasado 12 de abril los afectados fueron recibidos en la Sala de Cabildo por la presidenta municipal de León, Alejandra Gutiérrez y el Secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona quien brindó acompañamiento y asesoría a su caso, así como generar una reunión con el Consejo del Poder Judicial.
Se les indicó que sólo cinco personas representarán a los más de 200 defraudados para exponer el caso. Durante el acercamiento, que tuvo como objetivo pedir la destitución de la jueza quien decidió liberar a Edgar Francisco representante de Punto Legal, por una cantidad de 5 mil pesos, les explicaron que el amparo viene de una jueza federal.
En la reunión se destacó que la instancia no es “tan autónoma” debido a que se tienen que apegar a decisiones federales y por otro lado, no les pueden dar solución a su denuncia ya que todas las carpetas están iniciadas como fraude y dicho delito no está tipificado como grave.
“El Poder Federal también está limitado ya que no hay presupuesto por el Gobierno Federal para que la representatividad de defensores o abogados de oficio debido a la sobrecarga de trabajo pueden estar ausentes en audiencia o bien reportarse incompetente por la falta de apoyo por parte de los abogados pues están rebasados en el trabajo y están ocupados”, comentaron.
Por otro lado, les informaron que las audiencias programadas son improcedentes, ya que para que para que puedan proceder debe estar presente el inculpado y el ofendido y en este caso Edgar 'N', se encuentra ausente o prófugo.
Debido a la falta de apoyo buscarán agotar todas las instancias para que la justicia llegue y su dinero se les regrese. A decir de los afectados, los abogados del representante de “Punto Legal Abogados”, buscaban un arreglo donde se les daría únicamente del 50 al 60 por ciento a las personas que tuvieran las carpetas judicializadas.
Ante el panorama gris que viven día a día, los defraudados realizarán otra marcha, pero ahora partiendo de la Central de Abastos a las Oficinas de la Fiscalía el martes 25 de abril para exigir que las carpetas se judicialicen ya que hay denuncias que cuentan con más de dos años.
En esta manifestación esperan alrededor de 100 personas de las que ya denunciaron y las que faltan por realizar su denuncia.
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